/ lunes 28 de septiembre de 2020

Aprueban en transparencia 13 de 182 portales gubernamentales: Itaipue

Las páginas de información de las instituciones no se encuentran actualizadas

La transparencia y el acceso a la información en México se dejó de lado durante la pandemia, esto a pesar de que se implementó un portal de transparencia en cuanto a los recursos que se han implementado debido a la emergencia sanitaria por coronavirus, siendo una problemática que si bien siempre ha estado latente, en estos tiempos fue más deficiente, asegura Lilia Vélez Iglesias, directora general académica de la IBERO y miembro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) Capítulo Puebla.

“La información es un insumo fundamental para la toma de decisiones y que no se generen actos de corrupción, sin embargo, no se le ha dado la importancia, necesitamos un gobierno que esté dispuesto a transparentar y vemos poco en el caso de Puebla”, indica.

Los portales de transparencia de las instituciones gubernamentales no se encuentran actualizados, así como falta por detallar adecuadamente la información y carecen de esquemas de visualización, debido a que para alguien que tiene alguna discapacidad, no le es fácil consultar un portal digital o no cuentan con los recursos necesarios, tal es el caso de las comunidades indígenas.

En ese sentido, Vélez Iglesias asevera que para que la ciudadanía pueda tener un libre acceso a la información, se necesita que sean documentos en los que sea fácil manejar los datos, por lo que en Puebla se comparten solo PDF`s, lo que dificulta el manejo de la misma.

A esto se le suma el incumplimiento con documentos oficiales que avalen los montos utilizados para el sector salud, tales como facturas o recibos, por lo que esta situación se presta para predecir actos de corrupción.

“En el caso de Puebla, tenemos este portal de transparencia, no está actualizada, son pdfs y esto no cumple con un criterio básico de gobierno abierto, que sean fácilmente manejables y que estén respaldados por documentos oficiales, no hay facturas, no hay documentos que fundamenten la información, evidentemente no cumplen con los lineamientos internacionales en la transparencia proactiva”, asevera.

A pesar de que se ha visto un esfuerzo por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en marzo se llegó a un acuerdo en el que se suspendieron los plazos para pedir información, lo que conllevó a una desinformación aún mayor en el país. En Puebla se reanudaron el 15 de septiembre, sin embargo, en algunas áreas del gobierno todavía siguen suspendidas las actividades, por lo el medio de consulta digital no es factible.

En tanto, Carlos Loeschmann Moreno, comisionado propietario en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), asevera que si bien la información es mucha y hay restricciones, la evolución de la transparencia es un poco notoria, pues como ejemplo está el conocer sobre el salario de los funcionarios públicos, lo cual hace unos años era difícil de hallar.

No obstante, a pesar de existir estancias que deben transparentar la información, se ven obstaculizadas debido a la falta de condiciones en todos los municipios y estados de la nación, pues no todos cuentan con internet o aparatos electrónicos.

Por su parte, Cuauhtémoc Cruz, secretario de la AMEDI capítulo Puebla, detalla que de manera general la pandemia abrió un vacío, no garantizando el derecho a la información, pues a la fecha hay deficiencias en actualizaciones de información en los portales, ya que no se siguieron las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), misma que pedía seguir manteniendo las solicitudes de información, las cuales se suspendieron.

Con esto, se violentó el derecho de los ciudadanos a la transparencia y libre uso de la información emitida por parte de los gobiernos, no cumpliendo con la política pública de dar a conocer el quehacer de las instancias, y menos durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

Al respecto, Laura García González, titular de la Coordinación General Ejecutiva del ITAIPUE informa que, de los 182 sujetos obligados, 169 obtuvieron un dictamen de incumplimiento y solo 13 con dictamen de cumplimiento, esto como parte de los resultados de la primera fase de verificación del ejercicio de transparencia 2019, los cuales se llevaron a cabo del 17 de marzo al 18 de mayo en la primera fase de verificación de 2020.

La transparencia y el acceso a la información en México se dejó de lado durante la pandemia, esto a pesar de que se implementó un portal de transparencia en cuanto a los recursos que se han implementado debido a la emergencia sanitaria por coronavirus, siendo una problemática que si bien siempre ha estado latente, en estos tiempos fue más deficiente, asegura Lilia Vélez Iglesias, directora general académica de la IBERO y miembro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) Capítulo Puebla.

“La información es un insumo fundamental para la toma de decisiones y que no se generen actos de corrupción, sin embargo, no se le ha dado la importancia, necesitamos un gobierno que esté dispuesto a transparentar y vemos poco en el caso de Puebla”, indica.

Los portales de transparencia de las instituciones gubernamentales no se encuentran actualizados, así como falta por detallar adecuadamente la información y carecen de esquemas de visualización, debido a que para alguien que tiene alguna discapacidad, no le es fácil consultar un portal digital o no cuentan con los recursos necesarios, tal es el caso de las comunidades indígenas.

En ese sentido, Vélez Iglesias asevera que para que la ciudadanía pueda tener un libre acceso a la información, se necesita que sean documentos en los que sea fácil manejar los datos, por lo que en Puebla se comparten solo PDF`s, lo que dificulta el manejo de la misma.

A esto se le suma el incumplimiento con documentos oficiales que avalen los montos utilizados para el sector salud, tales como facturas o recibos, por lo que esta situación se presta para predecir actos de corrupción.

“En el caso de Puebla, tenemos este portal de transparencia, no está actualizada, son pdfs y esto no cumple con un criterio básico de gobierno abierto, que sean fácilmente manejables y que estén respaldados por documentos oficiales, no hay facturas, no hay documentos que fundamenten la información, evidentemente no cumplen con los lineamientos internacionales en la transparencia proactiva”, asevera.

A pesar de que se ha visto un esfuerzo por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en marzo se llegó a un acuerdo en el que se suspendieron los plazos para pedir información, lo que conllevó a una desinformación aún mayor en el país. En Puebla se reanudaron el 15 de septiembre, sin embargo, en algunas áreas del gobierno todavía siguen suspendidas las actividades, por lo el medio de consulta digital no es factible.

En tanto, Carlos Loeschmann Moreno, comisionado propietario en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), asevera que si bien la información es mucha y hay restricciones, la evolución de la transparencia es un poco notoria, pues como ejemplo está el conocer sobre el salario de los funcionarios públicos, lo cual hace unos años era difícil de hallar.

No obstante, a pesar de existir estancias que deben transparentar la información, se ven obstaculizadas debido a la falta de condiciones en todos los municipios y estados de la nación, pues no todos cuentan con internet o aparatos electrónicos.

Por su parte, Cuauhtémoc Cruz, secretario de la AMEDI capítulo Puebla, detalla que de manera general la pandemia abrió un vacío, no garantizando el derecho a la información, pues a la fecha hay deficiencias en actualizaciones de información en los portales, ya que no se siguieron las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), misma que pedía seguir manteniendo las solicitudes de información, las cuales se suspendieron.

Con esto, se violentó el derecho de los ciudadanos a la transparencia y libre uso de la información emitida por parte de los gobiernos, no cumpliendo con la política pública de dar a conocer el quehacer de las instancias, y menos durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

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