Pérdida de candidaturas, derrotas electorales en las urnas y un estancamiento en sus carreras políticas es lo que tienen en común casi una decena de políticos poblanos que en algún momento fueron acusados por actos de violencia contra mujeres y que ahora portan una etiqueta difícil de quitar ante los ciudadanos e incluso les ha cerrado las puertas de sus propios partidos políticos.
Uno de los casos más representativos del pasado proceso electoral es el del alcalde de Francisco Z. Mena, Pascual Morales Martínez, después de que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) le quitó la candidatura que le había dado Morena para buscar la reelección como presidente municipal.
Fue en julio de 2020 cuando el Congreso del Estado aprobó las reformas al Código de Instituciones y Procesos Electorales, en las que se sanciona con el retiro de la candidatura a quien cuente con sentencia firme por violencia política, como fue el caso del edil de Francisco Z. Mena.
Morales Martínez no solo perdió la oportunidad de competir en la pasada elección, sino que fue el primer poblano incluido en el registro de candidatos sancionados del Instituto Electoral del Estado (IEE) y no podrá ser postulado en los próximos siete años.
Hubo otros casos en los que no fue necesaria una resolución de los tribunales electorales, sino que los partidos políticos decidieron dar un paso atrás en la postulación de sus candidatos por la presión mediática derivado de los antecedentes de violencia.
Tal fue el caso del empresario Manlio López Contreras, quien se perfilaba para ser candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Puebla, pero los actos de violencia cometidos en 2018 contra la ex candidata del PVEM, Cecilia Monzón, frustró sus aspiraciones.
“Ninguna persona con antecedentes de violencia va a ser candidato de Movimiento Ciudadano”, sentenció el dirigente de ese partido, Fernando Morales Martínez, quien sustituyó a López Contreras por el empresario Edgar Yamil Yitani.
CANDIDATOS PIERDEN EN LAS URNAS
Hubo políticos que burlaron los filtros partidistas y obtuvieron la candidatura a pesar de los señalamientos en su contra por violencia política de género, sin embargo, en las urnas no corrieron con la misma suerte y perdieron la elección del pasado 6 de junio.
El caso más representativo es el del ex alcalde de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce, recordado por aventarle el sueldo a una de sus regidoras opositoras en una sesión de Cabildo cuando fue edil, en el periodo de 2014-2018.
Esto provocó que no consiguiera la candidatura a través de su partido, Acción Nacional, sin embargo, el partido Pacto Social de Integración (PSI) le abrió las puertas y lo postuló como candidato a la presidencia municipal de Tecamachalco, misma que perdió en las urnas.
Algo similar ocurrió con el ex candidato del PAN, PRD y PSI, Edgar Salomón Escorza, quien desde 2014 arrastra señalamientos por el presunto delito de violación, del cual dijo ya fue exonerado, pero que tuvo que justificar en varios momentos de su campaña.
Aunque fueron varios los factores que le dieron el triunfo a la alcaldesa, Norma Layón Aarun, postulada por Morena, Salomón Escorza fue el único candidato con estos antecedentes que estuvieron presentes en su campaña.
Quien también vio fantasmas de su pasado en la pasada campaña electoral fue el candidato de Morena a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, Julio Lorenzini Rangel, pues le revivieron una denuncia de 2019 por el delito de violación y otra más puesta por su ex esposa en 2020, por el delito de violencia intrafamiliar.
CARRERAS EN PICADA EN EL CONGRESO DEL ESTADO
De iniciar como dos de los líderes de la oposición en la LX Legislatura que está por terminar, los diputados Héctor Alonso Granados y José Juan Espinosa Torres vinieron en decadencia por diferencias políticas con el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, pero también por demostrar misoginia y violencia contra algunas de las diputadas.
El caso más escandaloso fue el de Alonso Granados, quien en más de una ocasión se hizo viral en redes sociales por comentarios misóginos, el más recordado cuando dijo que “hay que pensar antes de abrir las piernas” cuando le preguntaron su opinión en una entrevista sobre la despenalización del aborto.
Pero no fue la única ocasión, pues al emitir su postura sobre los matrimonios igualitarios expresó: “háganles una ley especial como lo hacen en otros estados, pero no vengan a destruir el código de familia. Somos más los heterosexuales que los homosexuales y no podemos ser rehenes de la minoría”.
Estos comentarios y las diferencias políticas con el gobernador derivaron en su expulsión de la bancada de Morena, y aunque fue recibido en Movimiento Ciudadano, poco tiempo duró por nuevos comentarios de este tipo, que le valieron recomendaciones en Derechos Humanos para que tomara cursos sobre género y acudir a un grupo de atención re educativa.
Aunque la verdadera razón de su exilio fue la rebelión que emprendió contra el gobernador, José Juan Espinosa también protagonizó escándalos por violencia política, que derivaron en denuncias por parte de las diputadas panistas ante el órgano interno del Congreso local.
Además, el legislador fue sancionado en 2018 por decirle a la representante del PRI ante el IEE, que le hacía falta “atención sexual”, lo que derivó en una sanción en su contra por violencia política, impuesta por el TEEP, misma que le impidió participar en el pasado proceso electoral.
CASO DE EXCEPCIÓN
Un caso de excepción se dio también en el pasado proceso electoral con el próximo coordinador de los diputados del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, quien fue denunciado por acoso sexual por la panista Erika de la Vega.
Aunque la presidenta del PAN estatal, Genoveva Huerta Villegas, fue cuestionada varias veces sobre la inclusión de Alcántara Montiel en el primer lugar de la lista de plurinominales, la dirigente siempre sostuvo su designación y a partir del próximo 15 de septiembre llegará al Congreso del Estado como el coordinador de la bancada de Acción Nacional.
