La participación de policías municipales en actividades ilícitas es injustificable, empero, es un fenómeno estructural que se relaciona con las deficientes condiciones laborales, así como las brechas salariales y la escasa capacitación a la que son sometidos los gendarmes de ese nivel gubernamental en la entidad, explica Eder Vásquez Espinosa, doctor en Derecho por la BUAP y académico de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
Análogamente, el diputado local y presidente de la Comisión de Seguridad en la LXI Legislatura del Congreso del estado, Roberto Solís Valles, concuerda con que la capacitación que reciben los uniformados locales requiere ser reforzada por los alcaldes, pues detecta que la escasa preparación puede derivar en actos de corrupción.
De hecho, el legislador considera que una de las razones por las cuales algunos policías optan por ser partícipes de actividades delictivas es debido a las carentes condiciones de preparación, por lo cual hace hincapié en que los munícipes son responsables de exigir a sus policías estar preparados y contar con los requisitos mínimos indispensables para servirle a la ciudadanía.
“Se debe reforzar la capacitación, porque muchos policías van de chapulines, de municipio en municipio, pero muchas veces no vuelven a tomar capacitaciones, únicamente dicen ‘Porque fui policía en tal municipio, vengo acá con mi carta de presentación’, pero eso no quiere decir que sepan cómo tienen que hacer los detenciones o cómo tienen que ser las cadenas de custodia, entre otros”, refiere.
Condiciones ‘inhumanas’ atañen a gendarmes: especialista
De acuerdo con el catedrático de la UPAEP, muchos hombres y mujeres dedicados a la seguridad pública en sus municipios viven día a día en condiciones “inhumanas”. Aunque se trata de una serie de carencias institucionales, principalmente, las más graves, desde su perspectiva, son las que conciernen al pago de sus sueldos, otorgamiento de prestaciones y capacitación.
Por ello hace hincapié en que es necesario dignificar la labor policial, no solamente desde las decisiones políticas y del aumento presupuestario para incentivar su mejoramiento, sino también desde la percepción social.
“Los policías no cuentan con seguridad social, las condiciones de trabajo, en ocasiones, son inhumanas… Trabajan 48 por 72 o, a veces, 24 por 24, pues son jornadas realmente muy muy excesivas (...) Muchas veces la gente desconoce que vienen de una jornada de 48 horas en la cual no descansaron. El cuerpo también pasa factura”, precisa.
Escasa remuneración agudiza precariedad laboral de los policías
Aunado a lo anterior, Vásquez Espinosa refiere que las brechas salariales entre agentes municipales es bastante alta, dado que cada ayuntamiento es responsable de asignar sus propios tabuladores, dependiendo de sus respectivas responsabilidades y alcances financieros.
A esto se le añade que en muchos casos los gobiernos locales no ofrecen prestaciones básicas como un seguro de vida, aun cuando desempeñan una labor considerada de alto riesgo.
La suma de estos factores agudiza su condición de precariedad, derivando en que socialmente el trabajo de los agentes no obtenga el reconocimiento ni la legitimidad necesaria para cumplir con sus funciones, ocasionando además que haya poco crecimiento salarial y profesional dentro de las estructuras policiales. Esto sin contar que, en varias ocasiones, estas condiciones acentúan la posibilidad de que los funcionarios se involucren con grupos criminales.
“Los sueldos que se manejan, en algunos casos llegan a 7 mil pesos mensuales, por lo tanto, no pueden desempeñar efectivamente [sus labores] (...) O sea, realmente, partiendo de que son pocas las personas que quieren ser policías municipales, por diferentes circunstancias, por valores, por cultura o por cuestiones económicas, especialmente. Los ingresos que reciben los policías, en ocasiones, son muy bajos”, argumenta.
Por ello, este cúmulo de imperfecciones puede explicar que existan uniformados que carezcan de requisitos mínimos como son los exámenes de control y confianza, afectando así indudablemente las tareas de protección ciudadana y, además, constituyendo responsabilidades administrativas y penales para los alcaldes.
Esto es algo similar a lo que ocurrió en el municipio de Tulcingo de Valle, donde se supo que el ex comandante de su policía, Maurilio Herrera, desempeñó su cargo –antes de ser asesinado el pasado fin de semana– sin tener las credenciales legales para hacerlo.
Uniformados reciben poco dinero por su servicio
De acuerdo con una exhaustiva revisión hecha por El Sol de Puebla a los estados financieros de 10 ayuntamientos, además de la Ley de Egresos del Estado para el siguiente año, se descubrió que la remuneración a los policías municipales es de entre cinco a ocho mil pesos, lo cual evidencia la brecha salarial que existe entre otras corporaciones policiales locales y estatales.
Para ponerlo en retrospectiva, el gobierno municipal de Chila de las Flores paga a sus uniformados un total de 4 mil 400 pesos al mes, esto sólo por debajo de los ayuntamientos de Tehuitzingo y Juan N. Méndez, quienes ofrecen un sueldo de 5 mil pesos por el mismo periodo.
Asimismo, en Tulcingo de Valle, por ejemplo, los gendarmes de su corporación ganan cerca de 7 mil pesos mensuales, algo idéntico a lo que ocurre en Petlalcingo.
En San Martín Texmelucan los uniformados ganan 8 mil 300 pesos al mes, mientras que en Atexcal y Huitziltepec son 9 mil pesos.
Ahora bien, las comunas que ofrecen el mejor salario a sus agentes son Puebla capital y Atlixco, pues ahí los servidores públicos a cargo de la seguridad pública ganan 14 mil y 10 mil 700 pesos, respectivamente.
En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ofrece a los elementos operativos de la Policía Estatal una remuneración de poco más de 13 mil pesos, también al mes.
Preparación insuficiente
Por si esto fuera poco, Vásquez Espinosa expresa que la capacitación de las policías es una obligación que aún tiene carencias, esto pese a que la reforma constitucional de 2008, en la cual se modificó el artículo 21 de la Carta Magna, fijó la pauta para que las corporaciones de todos los niveles de gobierno pudiesen ser reforzadas.
Sin embargo, y aunque existe una coordinación nacional en la materia, el profesor universitario sostiene que el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza (C3), institución adscrita a la SSP de Puebla, debe aumentar el rigor en sus pruebas de control y confianza, además de crear mecanismos que propicien que más policías cumplan con la obligación de realizar dicha evaluación.
Por lo tanto, el especialista ubica que el núcleo de esta problemática se resume principalmente a los escasos límites presupuestales que se asignan al C3 y a los propios ayuntamientos para incrementar la capacitación de sus corporaciones.
“Creo que tiene que ver con un tema presupuestal, porque, al final, existe (el C3), pero el generar todo este sistema de evaluación y control de confianza requiere recursos públicos y, en ocasiones, el municipio no tiene los recursos necesarios y al final no los aplica. El tema central es destinar una partida presupuestaria para que se haga y se verifique ese control de confianza”, subraya.
Esto evitaría que perfiles con antecedentes penales o vinculación directa con delincuentes puedan ocupar cargos de liderazgo en las corporaciones, tal como ocurrió con Juan Carlos N, ex director de la policía municipal de Chignahuapan que fue asesinado a inicios de mes y sobre quien pesaba una orden de aprehensión por el delito de homicidio.
Diputado, a favor de mejorar capacitación
Al respecto, el diputado local Solís Valles justifica en entrevista con El Sol de Puebla que los alcaldes necesitan robustecer los lineamientos de contratación en sus policías, pues reconoce que en muchos casos, ante la urgencia de incluir más elementos en sus filas, los ediles se conforman con que los aspirantes tengan experiencia comprobable, independientemente de si tienen o no certificación.
“Yo creo que ese es el talón de Aquiles, la capacitación. También, quizás, una de de las razones por las que los policías incurren en estos actos sea por, quizás, las deficientes condiciones laborales en las que muchos de ellos se encuentran en el asunto municipal, sobre todo (…) Eso depende completamente de los presidentes municipales, el considerar un seguro de vida, en poder firmar convenios con universidades, que creo eso es un tema de voluntad para que aquellos policías que tengan la preparatoria terminada, tengan también una beca y puedan estudiar los fines de semana”, remarca.
Finalmente, aunque apunta que la capacitación de los gendarmes es, en primera instancia, responsabilidad de los municipios, hay posibilidades de incrementar la colaboración institucional para mejorar el desempeño de los agentes.
“Debe haber una capacitación por parte de la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, a los elementos policiales para que les digan cómo tienen que presentar a los delincuentes con el Ministerio Público, y también las capacitaciones con el Poder Judicial para que los mismos jueces instruyan a los policías municipales”, sugiere.
