“Yo no me voy a meter en la vida interna de la BUAP”, declaraba el gobernador Luis Miguel Barbosa el pasado 12 de agosto de 2019 en una visita a los paristas en huelga de hambre, quienes no aprobaron el examen de admisión de la Máxima Casa de Estudios de Puebla. Además, en ese acto les prometió que solicitaría al Rector de la BUAP que los recibiera, ya que “ningún servidor público es inalcanzable”.
Con esta primera intromisión en la vida universitaria por parte del gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, iniciaba la persecución política en contra del Rector Alfonso Esparza Ortiz, precio que ha tenido que pagar para salvaguardar la autonomía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Fue entonces que para octubre, la Universidad fue nuevamente objeto de señalamientos infundados. Tras la venta ilegal de Lobos BUAP por la empresa Garden Teas y después de un proceso jurídico en su contra, el Rector Alfonso Esparza fue señalado de desviar al club de fútbol más de 470 millones de pesos, de 2012 a 2017, esto como parte de una campaña para desprestigiarle.
Un mes después, en noviembre 27, tras ser nombrado por el Congreso local, el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, ordenó como una de sus primeras acciones una particular auditoría preventiva así como una visita domiciliaria a la BUAP, ejecutada el 5 de diciembre de 2019.
Esta acción reveló los intereses políticos que buscaban vulnerar la autonomía de la Máxima Casa de Estudios, prueba de ello son las declaraciones emitidas por el propio líder del Congreso, Gabriel Biestro, quien emitió amenazas veladas contra el Rector en sus redes sociales, al declarar que “En el @CongresoPue no aceptaremos chantajes ni amenazas de ningún tipo ni de ninguna persona @alfonsoesparzao” .
Cancelan “auditoria preventiva”
En enero de 2020, la BUAP a través de su defensoría jurídica, demuestra que la acción emprendida por la ASE se sustentó en un procedimiento ilegal, lo que obligó a esta instancia a cerrar el proceso ante las irregularidades en las que incurrieron en contra de la Universidad, entre ellas destaca que no notificaron la orden de la visita tal y como lo marca la ley, tampoco se identificaron debidamente para proceder con su diligencia, pues se negaron a mostrar identificación alguna, cabe mencionar que a pesar de ello la universidad nunca se opuso a dicha auditoría como lo demostró con videos de la propia diligencia.
Ante el fracaso por este intento de intromisión a la autonomía universitaria, el gobernador Luis Miguel Barbosa propone al Congreso local imponer un órgano de “control interno” en la Universidad para fiscalizar la aplicación de todos los recursos.
En respuesta, el Consejo Universitario se manifiesta en contra de esta violación a su autonomía, y refiere que la Universidad ha sido objeto de auditorías por parte de distintos órdenes de gobierno, en las cuales las finanzas y el ejercicio transparente de los recursos quedó totalmente solventado.
Las voces y ánimos universitarios se unen en el Consejo y declaran en febrero de este año que “la autonomía es sinónimo de garantía y de calidad educativa, de la concentración y libertad de ideas, por lo que sólo debe estar en manos de maestros y alumnos. Debe ser ajena a toda injerencia que afecte los fines constitucionales, pues solo así podrá exigirse a la Universidad los resultados demandados por la nación, por lo tanto, no resulta constitucional ni legalmente posible que reciba órdenes o instrucciones de ningún órgano externo en la toma de sus decisiones”.
HUP, otro blanco de ataque en plena pandemia
En marzo de este año se inicia otro ataque, esta vez, vía Hospital Universitario, emitiendo declaraciones infundadas como el que el Hospital iba a colapsar, que derivado de su inspección se cercioraron de que no se cumplía con los lineamientos, sólo que fue evaluado en base a un lineamientos que sólo aplica a los Hospitales convertidos en COVID, situación que nunca sucedió ni podía serlo, al deber continuar atendiendo a sus pacientes de ciertas especialidades médicas. Estas imprecisiones se repitieron en el decreto del Gobernador publicado en el periódico oficial.
El 27 de mayo, el Gobierno del Estado mediante un comunicado menciona que el problema es que el Rector se aferra al puesto. Entonces, ¿el objetivo del Gobierno ha sido y es que Esparza se separe del puesto?.
Finalmente, enderezan baterias en contra de la hija del Rector estrenando la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, como medida de presión a la usanza de la mafia Siciliana para continuar con la persecución politica en contra del Rector de la BUAP.
Esto y más, es el verdadero sentido del amparo que promovió el Rector Esparza y como se verá, va mucho más alla de detener una orden arbitraria e ilegal.
