El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pretende aligerar los requisitos para comprobar las prácticas notariales, con la propuesta de reforma a la Ley del Notariado que envió al Legislativo.
Actualmente, para solicitar el examen de aspirante a titular de una Notaria, se debe comprobar la realización de prácticas durante seis meses inmediatamente.
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Sin embargo, la modificación del mandatario estatal también dará la opción de acreditar suficiente experiencia para desarrollarse en el servicio profesional.
En caso de elegir este método, podrá ser en forma profesional, docente o grado académico en áreas afines al ejercicio de la función notarial, mediante información testimonial y con documentos que lo acrediten.
La experiencia profesional se acreditará con mínimo un año en el sector público, en ramas del derecho.
En el área docente, con el ejercicio en instituciones públicas o privadas con reconocimiento de validez oficial, en materia notarial o análogas.
El grado académico de maestría o doctorado, se acreditará mediante título expedido por instituciones públicas o privadas con reconocimiento de validez oficial.
En el caso de las multas por incumplimiento se eleva de hasta 70 UMAS por desatender las encomiendas de las autoridades notariales.
Como parte del proceso legislativo, la propuesta fue remitida a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis.
Se espera que, a la brevedad se analicen las reformas para enviarlas al pleno.
El mandatario estatal también envió otra reforma para poner en marcha un tabulador y definir las tarifas por el servicio de arrastre y salvamento de las grúas.
El objetivo, es dar certeza a sobre los precios que serán permitidos y para evitar abusos.
Actualmente, solo se tiene contemplado que los precios son acordados mediante un acuerdo que sea publicado por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte.
De igual forma, los concesionarios que brindan dicho servicio estarán obligados a respetar los tabuladores que sean establecidos por parte de las autoridades estatales para cada concepto.
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“El propósito de que todas las personas físicas o morales que prestan los servicio por los conceptos antes referidos coadyuven en los procesos que llevan a cabo las diferentes autoridades en el Estado, apliquen las tarifas que autorice y dé a conocer la autoridad del transporte en la entidad federativa, traduciéndose en certeza y seguridad jurídica a los gobernados”.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para analizarse.
