Los recientes linchamientos en Puebla e Hidalgo son barbarie que se deben de sancionar, consideró el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl Pérez, quien adelantó que entre septiembre y octubre emitirán una recomendación en el país para prevenir este tipo de asesinatos.
El informe es un estudio conjunto con la Universal Nacional Autónoma de México (UNAM) que se va a traducir en política pública, para evitar que se den estas conductas.
Durante un pronunciamiento nacional que hizo en Guadalajara, Jalisco, el ombudsman señaló que por este tipo de actos ya existe una recomendación en Puebla, la única en México por ser la más vulnerable en hacer “justicia por su propia mano”.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una Recomendación en uno de los estados que más proclive es hacerse justicia por propia mano (…) Emitimos una recomendación a Puebla, ahí está, pero próximamente vamos emitir un informe, un informe completo sobre lo que está aconteciendo en el tema de los linchamientos que no son otra cosa más que aplicar pretendida justicia, porque no es justicia por propia mano; eso no es justicia, esa es barbarie", dijo.
La recomendación para la entidad está marcada con el número 78/2017 por el caso de Ajalpan, donde también perdieron la vida 2 varones de la ciudad de México, acusados de ser secuestradores de menores aunque en realidad eran encuestadores de una empresa privada.
En ese documento se señala en la disposición séptima: diseñar y publicar un protocolo de actuación para casos de linchamientos, considerando la coordinación de las Secretarías General y Seguridad Pública con los municipios.
Asimismo establecer la publicación del “Protocolo para la búsqueda de soluciones pacíficas, el diálogo y el respeto de los derechos”, que establezca puntualmente las actuaciones de las autoridades, la documentación de sus acciones a través de registros y el uso de tecnología, y las responsabilidades de los sujetos obligados a su observancia, y se remitan las constancias de su cumplimiento.
Esta semana, una vez más pobladores de la comunidad de San Vicente Boquerón del municipio de Acatlán de Osorio, confundieron a campesinos con los conocidos “robachicos” y los quemaron vivos a un costado de la presidencia de la localidad.
Al respecto, Luis Raúl Pérez declaró que hay que sancionar a quienes incitan e impulsan “este tipo de soluciones”, aunque también hay que corregir las debilidades institucionales en materia de impartición de justicia.
De 1988 a septiembre de 2017, la CNDH registró 862 linchamientos (tentativos y consumados), de los cuales el 65.3 por ciento se concentran en cuatro estados, ubicando a la entidad poblana en segundo lugar con 182 casos después de la ciudad de México con 79 y Oaxaca con 60 asesinatos.
Aunque consideró que no hay razones para privar de la vida a quien sea señalado de culpable, reconoció que en el país hay fiscalías con gran debilidad institucional por lo que es entendible la desesperación de las personas.
“La desesperación, entiendo de las personas, no puede llevar al extremo de hacer justicia por propia mano, porque vamos a caer en estado selvático, en donde lo que impere es quién puede más. Tenemos que darle a la sociedad, a esa sociedad indignada porque no hay procuración de justicia, respuesta, fortaleciendo a las instituciones, pero tenemos que dar garantías a la ciudadanía de que mañana ninguno de nosotros puede ser confundido en una justicia malamente llamada justicia de propia mano”, agregó.
Finalmente, Pérez dijo que tanto los culpables tienen que enfrentarse a procesos penales y los inocentes tienen que tener la certeza de que se vive en un Estado de Derecho.
