Candidatas de diversas fuerzas políticas se unieron para integrar la Red de Candidatas del Estado de Puebla y hacer frente a la violencia política en razón de género que cometen los partidos, contrincantes y hasta funcionarios públicos.
Ellas también son parte de la Red Plural de Mujeres, 50+1 y 33 Mujeres y se unieron para manifestar su preocupación por la violencia que enfrentan las candidatas a presidentas municipales, regidoras y diputadas locales y federales en la entidad, que va desde agresiones físicas, amenazas y descalificaciones.
Socorro Quezada Tiempo, integrante de la Red Plural de Mujeres, pidió al gobernador Miguel Barbosa Huerta que también dé protección a las mujeres que compiten por cargos de elección popular como hizo con Hilario Martínez Alcántara, candidato a presidente municipal de Palmar de Bravo que fue secuestrado.
Por su parte, Margarita Palomino, presidenta del colectivo 50+1, capítulo Puebla, dijo que los principales problemas que enfrentan las candidatas son menosprecio, exclusión al ser relegadas en el proceso de selección de candidaturas, entre otros.
Comentó que no quieren ocupar cargos solo por ser mujeres, sino porque están preparadas y se dedican a la política por una decisión de vida y no como deporte.
“Desde el momento en cómo nos paramos, cómo hablamos, apenas en campaña me volvió a suceder, la prensa local me dijo que yo era muy improvisada, que no parezco una política y no solo ellos, muchos hombres me han dicho cómo debería hacer política y si no lo hago como dicen, no soy política”, dijo Valeria Moreno Flores, candidata de RSP a diputada federal del distrito 8 de Ciudad Serdán.
Las candidatas recibieron un manual para identificar, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, para que en caso de sufrir alguna agresión presenten denuncia ante las autoridades correspondientes.
La Red de Candidatas reúne contendientes de los partidos Fuerza por México, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Morena, PRI, PAN y PRD.
En julio de 2020, el Congreso local aprobó reformas a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer los actos y omisiones que constituyen violencia política de género; reglas jurisdiccionales para la sanción, así como la regulación de medidas cautelares y de reparación integral en la materia.