Puebla es uno de los 11 estados del país que tienen pendiente crear la comisión estatal de atención integral a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, personas que tienen derecho a recibir ayuda, asistencia, protección, acceso a la verdad, justicia y a la reparación integral del daño.
En su informe anual de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) destacó que Puebla igual que Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa y Sonora han desacatado el mandato que deriva de la Ley General de Víctimas, que establece que las entidades federativas deben armonizar su marco normativo y poner en operación la estructura especializada en protección, ayuda y asistencia.
Aunque en la entidad existe una delegación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) federal, en lo local no se ha instaurado la comisión como instancia que debe formular políticas públicas y articular esfuerzos institucionales en los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal para observar las disposiciones de la Ley General de Víctimas, que entró en vigor en 2013.
Le corresponde al Congreso del Estado armonizar la legislación local para sustituir el modelo que funcionaba antes de la expedición de la Ley General de Víctimas, la cual se limitaba al ámbito de los delitos, excluyendo a las víctimas de violaciones a derechos humanos, delegando la atención y el cumplimiento en las fiscalías de justicia que no son instancias especializadas.
La CNDH precisó que ante el escenario de violencia, inseguridad pública e impunidad la operación de las comisiones de víctimas, de los fondos de apoyo, asistencia y reparación integral y asesoría jurídica, representan instrumentos centrales de una política pública nacional de atención integral.
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