En las juntas auxiliares del municipio de Puebla existen 240 mil habitantes que carecen del servicio básico de agua potable, lo que equivale a cerca de 60 mil viviendas, pues en su mayoría estas demarcaciones carecen de infraestructura adecuada. La falta del vital líquido y en general las condiciones de precariedad que rodean esos núcleos poblacionales representan un peligro adicional para la gente en medio de la pandemia por coronavirus, que se vuelve más susceptible de contagios.
La escasez de agua deriva de una falta de monitoreo de los comités de Agua Potable que se encargan de suministrar el líquido, puesto que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP) no tiene competencia, ya que las juntas auxiliares se rigen conforme a usos y costumbres, en donde los mismos ciudadanos son los que se encargan de organizar y administrar el servicio, casi siempre con resultados negativos.
Y aun cuando el ayuntamiento participa en la integración de estos grupos comunitarios, no tiene manera de revisar las condiciones en las que se ofrece el servicio ni poner orden, lo que se traduce en que los habitantes no cuenten con alguna garantía de acceso al agua potable ni de su calidad.
Mientras tanto en San Francisco Teotimehuacan, Santo Tomas Chautla, San Miguel Canoa, La Resurrección, Santa María Xonacatepec, San Jerónimo Caleras, San Baltazar Tetela, San Pedro Zacachimalpa, Santa María Guadalupe Tecola y San Andrés Azumiatla se carece de redes de suministro de agua potable, lo que dificulta aún más la vida de quienes habitan en dichas zonas.
El problema de mayor complicación se ha arrastrado desde hace más de 10 en años en al menos seis auxiliares de las 17 que hay en el municipio de Puebla, pues no solo se ven envueltas en deudas con la Comisión Federal de Electricidad, sino también en el abastecimiento de manera esporádica, pues solo así es como se obtiene el líquido.
Es en La Resurrección, San Francisco Totimehuacan, San Miguel Canoa, San Sebastián de Aparicio, San Pablo Xochimehuacan y San Andrés Azumiatla en donde los vecinos relatan que el agua les llega a caer dos veces por mes, pero no es suficiente, sin embargo, se relaciona también con la falta de pago de algunos vecinos, quienes llegan a deber hasta más de 15 años.
Y aunque la cuota pareciera no ser mucha, ya que, solo pagan entre 80 y 90 pesos al mes, son pocas las personas que van al corriente, pero quienes pagan la situación son todos, por lo que para aquellos que no les alcanza el agua buscan alternativas para poder sobrevivir en sus quehaceres domésticos.
PAGO A COMISIÓN FEDERAL NUNCA SE REALIZÓ
A sabiendas de una deuda a Comisión Federal de Electricidad por el uso indebido de la luz eléctrica fue que el 17 de diciembre del año pasado el Ayuntamiento de Puebla encabezado entonces por Claudia Rivera Vivanco aprobó destinar 2 millones de pesos para pagar dicha deuda en cuatro juntas auxiliares, no obstante, nunca se realizó el pago.
Hasta la fecha se sabe que San Sebastián de Aparicio debe alrededor de 510 mil 680 pesos; La Resurrección 222 mil 208 pesos; San Francisco Totimehuacan 375 mil 378 pesos y San Pablo Xochimehuacán con un saldo de 65 mil 538 pesos, todas ellas dan un total de 1 millón173 mil 804 pesos.
A decir de los comités y de los habitantes de estas juntas auxiliares el pago nunca se efectuó, pues el Ayuntamiento no lo entregó, lo cual los deja en la misma situación de antes, no cuentan con suficiente agua, pues lo poco que les cae son menos de 40 litros.
Esto se suma a los endeudamientos que ya se tienen, lo que aumenta la suma en algunos casos, pero ante una nueva administración esperan el apoyo del gobierno municipal que encabeza Eduardo Rivera Pérez.
Por si esto fuera poco faltan bombas, mantenimiento a las mismas y por lo menos un pozo más en estas juntas auxiliares, pues “si bien les va” el líquido cae dos veces por semana, lo cual no es suficiente.
Lo anterior lo mencionó el edil de San Andrés Azumiatla, Raymundo Cordero Cordero, quien aseguró que las bombas y los pozos no abastecen por completo a la población, no cuentan con el recurso suficiente para poder cambiarlas y tampoco se ha podido gestionar un nuevo pozo, ya que no se les ha extendido el permiso de uso de suelo.
Por tanto, hay quienes continúan con la compra de pipas, las cuales rondan entre los 450 a 600 pesos, pero que, ante una crisis económica generada por la pandemia de coronavirus, esto se vuelve un lujo para aquellos que la solicitan.
SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, CON EL PROBLEMA MÁS GRAVE
Es en San Sebastián de Aparicio donde la situación se torna más difícil, pues si bien los colonos denunciaron en su momento que no se les ofrecía el servicio suficiente, se creó una grave problemática, hay dos comités encargados, uno reconocido por relevar a quien estuvo en el cargo hace más de 30 años y otro que apenas cumplió casi un año y medio.
La existencia de dos figuras a las que pagar una cuota conflictúa a los vecinos, puesto que, aunque se dice que formalmente Rubén Cuate Romero es quien encabeza el comité de antigüedad, otros más se van con el grupo de Francisco Pacheco.
De acuerdo con Cuate Romero la problemática comenzó desde que él era interino, ya que, sostuvo que fue la administración pasada quien no les entregó la documentación completa de los recibos y expedientes de los vecinos, por lo que hay un adeudo de muchos de ellos y esto permea para que el servicio sea garantizado.
Mientras tanto, el servicio continúa vigente, pero de vez en cuando, lo cual desencadena que un porcentaje de los colonos pague ahí las cuotas, pero entre quejas y descontentos.
No obstante, a decir de los integrantes y vecinos, el otro comité que lidera Francisco Pacheco surgió por falta de transparencia por parte del otro grupo, debido a que se les cobraba, pero no había agua.
Ante los conflictos, la junta auxiliar se dividió en dos, una parte confía en el comité A, pero el otro en el comité B, sin embargo, aun con ello, el servicio sigue siendo irregular, solo se abastece cada cierto tiempo y se busca ahorrar lo más que se pueda.
Esta situación ha dejado en números rojos al grupo de Francisco Pacheco, pues solo el 30 por ciento de los vecinos va al corriente con sus pagos, pero se debe pagar a la Comisión Federal de Electricidad alrededor de 60 mil pesos para finales de este 2021, mientras tanto el otro comité continúa con el adeudo que se viene arrastrando de hace tiempo atrás.
No solo son los usuarios los que no pagan, sino también la mala administración de aquellos que se niegan a dejar el cargo dentro del comité, pues tan solo en San Pablo Xochimehucacan, se adeuda alrededor de 3 millones de pesos. Esto fue desencadenado por el uso indebido de la energía eléctrica, ya que el comité no hizo un contrato con la CFE y de manera ilícita brindó el poco servicio a los colonos.
Así pues, la calidad de vida de aquellas viviendas que carecen de agua se vuelve insalubre y deficiente, mientras que aquellos que tienen tomas sin autorización cuentan con el agua, pero se suministran de manera ilegal.
