Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla, celebró que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, intervenga en los conflictos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la Fundación Mary Street Jenkins. En su opinión, esta mediación hará que el pleito cese.
En su habitual conferencia matutina, el mandatario dijo que el conflicto legal en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) es un gran litigio y que seguramente el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador ya tiene en sus manos la información necesaria para pedirle a Nieto Castillo que tome cartas en el asunto.
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“El presidente tiene todos los elementos institucionales para poder investigar cualquier hecho en toda la República y yo celebro que pueda ser que el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera pueda hacer una investigación y entregarla al Ejecutivo para tomar una ruta al respecto. Aunque lo dijo el presidente, que ya tiene conocimiento la FGR y de la FGE, de jueces civiles, de tribunales administrativos”, comentó.
Fue este 11 de agosto que López Obrador analizó la posibilidad de intervenir en el caso, aceptó que dicho asunto no le compete al gobierno federal, sin embargo, encargó a Santiago Nieto realizar una investigación y emitir una recomendación.
Para finalizar, Miguel Barbosa dijo que esta decisión hará que exista más información al respecto, ya no se engañará a la gente y que terminará “la confusión” de ambas partes.
Hay que recordar que a más de 40 días del conflicto legal en la UDLAP todavía no hay solución; mientras la Fundación Mary Street Jenkins afirmó que un juez federal dio un ultimátum al patronato designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado para que les devuelva el campus, este último señaló que no es así porque continúa el litigio.
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Fue el pasado 16 de julio cuando el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil concedió una orden de suspensión provisional en beneficio de la Fundación Jenkins, sin embargo, la Junta y el patronato presidido por Horacio Magaña no devolvieron el campus y procedieron a impugnar tal resolución.
Cuestionado de esta situación, el gobernador declaró el pasado 9 de agosto lo siguiente: “Es un asunto judicial y las resoluciones judiciales entre las partes de un litigio se acatan”.
