El pasado sábado 21 de mayo, se informó que la abogada Cecilia Monzón fue asesinada mientras conducía a la altura del Camino Real a Momoxpan, en el municipio de San Pedro Cholula. De acuerdo con el reporte de las autoridades, ella murió luego de recibir varios impactos de bala. Hasta el momento siguen buscando a los responsables.
Ella era una activista simpatizante del feminismo, a lo largo de su carrera como defensora penalista, ayudó a varias mujeres que habían sido víctimas de abuso, violencia familiar, e incluso llevó varios casos de madres que estaba solicitando la manutención de sus hijos.
Monzón también inició un proceso para solicitarle pensión alimenticia al exsecretario de gobernación, Javier López Zavala, quien es el padre de su hijo. El litigio aún no terminaba, por lo que quedó pendiente.
Igual es recordada por desempeñarse en la función pública, pues trabajó en el Ayuntamiento de su localidad. Durante este periodo, ella aseguró que en repetidas ocasiones fue agredida por algunos servidores, por ese motivo, indicó que fue víctima de violencia política de género.
LAS ACUSACIONES HECHAS POR CECILIA MONZÓN
Ella fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el 2018 dejó ese puesto para contender por la presidencia municipal de San Pedro Cholula a través del Partido Verde Ecologista (PVEM). Aunque perdió las elecciones, se unió a la administración del entonces edil Luis Alberto Arriaga, como titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
Monzón en el 2019 denunció por violencia política de género a Manlio López Contreras, pues mencionó que él le mandó a su cuenta de Facebook varias amenazas, los mensajes decían que se cuidara, ya que en cualquier momento sufriría algún accidente, o incluso podrían dañar a su hijo.
“Me llegó un inbox diciendo que tuviera cuidado, porque los frenos de mi camioneta podrían fallar. Luego me llegaron mensajes a mi teléfono, sugiriendo que le consiguiera una nana a mi hijo porque iba a ser larga mi ausencia”, sentenció la abogada.
Ella explicó que ese hecho provocó que se sintiera vulnerable: “Estaba (en mi hogar) allá arriba con mi hijo, dándole pecho todavía y me acuerdo que vi el mensaje y me puse a llorar, porque no creas que en ese momento piensas como abogada, no dices ‘yo soy maestra en Derecho Penal y mis amigos son penalistas y eso no va a pasar’. ¡Claro que no! Piensas que te pueden sembrar mil cosas. Cuando lo estás leyendo con tu hijo en brazos, lloras”.
La activista promovió un juicio ante el Tribunal Electoral del Estado (TEEP), siendo la primera persona del país en solicitar un procedimiento para la protección de sus derechos políticos. De esta forma, su agresor recibió una amonestación pública por parte del organismo.
La siguiente acusación la hizo en contra del mandatario Luis Alberto Arriaga y del diputado José Juan Espinoza, pues informó que en el año 2019 fue removida injustificadamente de sus funciones dentro del municipio, aunque el presidente comentó que lo hizo porque ella no cumplió adecuadamente con sus labores.
Ante su despido, comentó que también los acusaría por violencia política de género, y es que ella dijo que dentro del trabajo otros funcionarios le impedían realizar su labor correctamente, por eso le pidió apoyo al presidente, pero comentó que él nunca atendió sus solicitudes, razón por la que lo denunciaría bajo esta figura legal, no obstante, se desconoce si llevó a cabo este trámite.
Algo similar ocurrió con Jorge Estefan Chidiac, que en el 2018 encabezaba la lista de candidatos a diputados plurinominales, ella indicó que, en este proceso, el aspirante falsificó su firma y la colocó en los últimos lugares de la planilla de Eduardo Zacatelco Quintero, excandidato a la presidencia municipal de San Pedro Cholula.
Primero inició un proceso penal en contra de Zacatelco y Chidiac, en caso de que se acreditara, ella reiteró que también los denunciaría por violencia de género, pero no se sabe si realmente lo hizo.
