Por honorarios abusivos, malos tratos, quejas por falsificación de poderes y otras anomalías, es como algunos miembros del servicio notarial poblano son reconocidos entre juristas del estado. Ante esa realidad, los litigantes celebraron que la nueva regulación de aranceles para fedatarios públicos propicie un terreno más parejo para los usuarios de estos servicios.
Son varias las quejas que acumulan algunos fedatarios públicos en la entidad poblana, especialmente ante los ojos de los abogados quienes argumentan, en su mayoría, que los poseedores de las patentes notariales utilizan esta característica como una forma de ejercer poder contra los usuarios de estos servicios.
Para conocer a detalle cuáles son las características de la relación entre ambas profesiones, El Sol de Puebla consultó las opiniones de varios litigantes poblanos, quienes ofrecen sus servicios en diversas zonas de la entidad, principalmente en el área capitalina.
SUPLANTACIÓN DE FIRMAS Y ABUSOS PRESENTES
El licenciado Lucio Ramírez Luna, de Puebla capital, es uno de ellos. Durante su trayectoria ha encontrado que “son más los [notarios] malos que los buenos”. En su caso, las experiencias desafortunadas han sido suficientes para transitar con cautela el camino de la gestión jurídica, pues los abusos han sido consecuentes, afirma a este diario.
Por ejemplo, apuntó que en el municipio de Tepeaca existen algunos fedatarios que prestan su nombre para concretar fraudes inmobiliarios, esto mediante la suplantación de poderes.
“También hemos tenido asuntos en donde los notarios, de manera ilegal, hacen compromisos con inmobiliarios [y] con terceros para hacer poderes falsos (...) La corrupción en las notarías es bárbara”, subrayó.
De igual forma, mencionó que los precios suelen ser excesivamente altos en muchos casos, razón por la cual varios litigantes, así como sus clientes, prefieren viajar fuera de sus respectivos municipios para recibir servicios más económicos en otros lugares.
“Fui a una notaría de Tepeaca a pedir un presupuesto y me dijeron ‘Son 102 mil pesos’. Obviamente que casi me infarto junto con mi cliente, de ahí fuimos a ver otra notaría de Tecali de Herrera y el precio era de 14 mil pesos (por el mismo trámite)”, relató.
Esta característica afecta principalmente a la ciudadanía, dice, pues esta disparidad entre precios suele ocurrir con mayor frecuencia en los trámites más comunes: contratos de compra-venta, testamentos y sucesiones testamentarias, además de certificaciones.
En su caso, además de ser litigante, es catedrático de Derecho, por esa razón lamenta que esta realidad que se vive tenga que ser transmitida así a sus alumnos, pues debería verse más bien reforzada la actividad de los fedatarios, ya que insistió, la misma es motivo de honor.
“Seguramente habrá algunos buenos y los felicito. Y como le digo a mis alumnos ‘Si hay buenos, díganme cuáles para que los ponga como ejemplos”, agregó.
Por esta razón, mencionó que, si bien, celebra que la nueva disposición estipulada por el Ejecutivo mediante un decreto en el Periódico Oficial del Estado (POE) para generar condiciones más equitativas en cuanto a los honorarios de estos profesionales, todavía queda agenda pendiente en la materia, especialmente para “fiscalizar” la labor de los notarios.
DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN NOTARÍAS
Algunas notarías como la 1 y la 5, ambas en Huejotzingo, así como la 1 de Tepeaca, son algunos de los espacios más señalados por irregularidades, de acuerdo con un sondeo hecho por este medio a varios litigantes poblanos.
Además de los costos excesivos, por ejemplo, en el caso del lugar previamente mencionado de Huejotzingo, sus servicios suelen ser poco competentes y dudosos, según indicó un abogado a El Sol de Puebla, quien pidió mantener su identidad en resguardo por temor a represalias.
“Si te vas a la Notaría 5 y a la Notaría 1, no te voy a dar los nombres pero ya te imaginarás quiénes son, ellos son reyes allá y los trabajos los entregan todos malhechos y fuera de tiempo (...) Yo espero que, además de los precios, empiecen a fiscalizarlos”, comentó la fuente consultada por este medio.
Al respecto, aunque también celebró la nueva disposición del Ejecutivo, reconoció que hay todavía un extenso camino por recorrer para garantizar que este tipo de trabajos se realicen en apego a la ley y al profesionalismo.
“Se necesita un marco más amplio que regule este tipo de patentes, para que trabajen de forma correcta y a los usuarios se les den los resultados (...) La estandarización en cuanto a lo que se tenga que cobrar, es sólo una pequeña parte”, encuadró.
APROVECHAN SU POSICIÓN DE PODER
Por su parte, el abogado Ernesto Muñoz, quien litiga mayoritariamente en la región de Izúcar de Matamoros, sostuvo que los fedatarios públicos han utilizado por años su posición como una herramienta de poder, en agravio de la ciudadanía y de los litigantes.
“Hay cuotas de poder de las cuales se han aprovechado mucho (...) Muchos se han dedicado a hacer negocios al amparo de ese mismo poder que tienen (...) [y] eso es con lo que lidiamos”, refirió en entrevista con esta casa editorial.
Comentó que una de las características más usadas por estos profesionales para llevar a cabo estos excesos con plenitud, es la poca diversidad notarial que existe en algunos municipios, dando lugar también a una competencia desleal. En consecuencia, muchos de ellos ofrecen costos exorbitantes, por ejemplo, cuando la certificación de un documento puede costar en promedio entre 20 y 40 pesos, muchas veces son ofertados hasta en 200 pesos cada uno.
Otra de las situaciones que él pudo documentar fue el caso de una sucesión testamentaria en cuyas letras estaba enmarcada una propiedad con un valor superior al medio millón de pesos. Por ello, debido a que el inmueble costaba más de 600 mil pesos, el fedatario consideró que la vivienda “no era de interés social”, razón por la cual aprovechó para interponer honorarios desmesurados a sus clientes.
Recordando este caso, el jurista reconoce que la entrada en vigor de esta nueva disposición mejorará las condiciones para los usuarios. Lo anterior, pues determinó que el ordenamiento previo no había sido modificado desde los años 30, siendo éste un estatuto no sólo anticuado sino también injusto para ambas partes.
“Antes no había una ley que regulara eso, ahora sí ya la hay (...) ahora podemos [determinar] quién nos está cobrando mejor, antes era lo que determinaban ellos, nada más (...) A lo que teníamos, es algo mucho mejor, como todo, es perfectible”, remarcó.
Aunado a ello, hizo hincapié en que la regulación debe ser adecuada también para los fedatarios públicos: “[Por ejemplo] si tienen que ir a una asamblea en la que son alrededor de 450 ejidatarios y que deben considerar asuntos de los 450 por cuatro o cinco horas, dices, tienen razón”.
Por último, es importante mencionar el caso de la abogada Norma Estela Pimentel Méndez, integrante de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Puebla, quien reconoció que en su situación nunca ha experimentado abuso perpetrado por un fedatario público. No obstante, admitió que, gracias a una reforma expedida en 2015, los notarios pueden ofrecer servicios fuera de su distrito de adscripción. Por esta razón, ella creó una red de profesionales de confianza, con quienes prioriza la transparencia, indica.
“He corrido con muy buena suerte (...) Estoy acostumbrada a trabajar con cuatro o cinco nada más (...) mi notaría, aunque es de Libres, yo celebro contratos, certificaciones de documentos, protocolizado testamentos, apertura de sociedades mercantiles y nunca hemos tenido una situación complicada”, concluyó.
