/ viernes 10 de julio de 2020

Censura y presiones políticas advierten analistas ante eliminación del fuero

La Coparmex celebró la reforma aprobada pero pide que no se use como “cacería de brujas”

La eliminación del fuero en Puebla, que avaló recientemente el Congreso de Puebla, podría representar una censura y presiones políticas a futuro, además de que implica riesgos de inequidad de impartición de justicia, consideraron Alejandro Guillén, politólogo de la UPAEP y German Molina, director del ICI.

Los analistas coincidieron que la nueva medida pueda ser positiva, sin embargo, que podría implicar peligros para los grupos opositores al gobierno en turno.

Por esa razón, incluso, también recomendaron que haya una revisión periódica a la nueva ley aprobada por el Poder Legislativo, para que no se comentan abusos o persecuciones políticas, como ha sucedido en gobiernos pasados.

El 8 de julio, los diputados del Congreso del Estado aprobaron eliminar el fuero constitucional para poder juzgar al gobernador, legisladores, auditor y magistrados del Poder Judicial si éstos cometen algún delito.

Al respecto, Alejandro Guillén, politólogo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) consideró que desde 2018 la entidad, así como el país, tiene un nuevo panorama político que hace difícil una postura crítica o de oposición, principalmente para los legisladores, pues sus comentarios negativos al gobernador en turno, podría representar que se coarte su libertar de expresión. “Lejos de contribuir al desarrollo de la democracia, puede entorpecerla”.

Mientras, en el Poder Judicial, consideró que está en riesgo la división de poderes y la impartición de justicia, problemáticas que han estado arrastrando desde el pasado los magistrados. Asimismo, condenó que en este momento se estén observando señales, tanto a nivel Federal como Estatal, de intentar centralizar las decisiones políticas.

“Es sumamente peligroso. Si algún problema, desde hace mucho, el Poder Judicial manifiesta por momentos dependencia y por momentos parece que regresamos a lo mismo, subordinados a las decisiones de quién tiene el poder ejecutivo. Si no existe este contrapeso del Poder Judicial, entonces, cualquier decisión que tenga que manera conforme a derecho cualquier magistrado va a tener que pensarlo dos veces, sobre todo si empieza a analizar la situación y los elementos de carácter político; eso ya da al traste con la impartición de justicia”.

Por otra parte, el director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Germán Molina, señaló que alguno de los riesgos son que las sanciones sean a “criterio” de quienes están a cargo de las investigaciones, por lo que debe de ir acompañado de un agente externo que evalué su efectividad durante el próximo año para ver si se aplica correctamente.

“La eliminación obliga a las autoridades de investigación, como la Fiscalía General del Estado, la auditorias, no se conviertan en un proceso de persecución política o de acabar con los opositores, debe de realizarse un trabajo transparente”, comentó.

Finalmente, Molina opinó que la nueva ley atiende el combate a la corrupción y es respuesta del proyecto político de la cuarta transformación de “honestidad de transparencia”, además de que buscar terminar con los excesos de políticos.

Foto: Iván Venegas | El Sol de Puebla

DICE COPARMEX NO A LA "CACERÍA DE BRUJAS"

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Puebla, Fernando Treviño Núñez, celebró la reforma aprobada por el Congreso del Estado con la que elimina el fuero constitucional a funcionarios públicos, pero hizo un llamado a que esta modificación no se utilice para iniciar una “cacería de brujas” y solo se aplique lo que marca la ley.

“Es una demanda social de muchos años atrás y la sociedad lo había estado pidiendo, así es que por ese lado muy bien. Lo único que decíamos es que para que esto no sea una cacería de brujas, se aplique la ley, nada más. Si hay funcionarios que cometen actos de corrupción que se aplique la ley”.

Para evitar el uso indebido de este instrumento legal, el líder empresarial consideró que se debe aplicar la ley con los elementos necesarios para proceder en contra de aquellos funcionarios que hayan cometido irregularidades durante su encargo.

“Ahora todo se traduce como cacería de brujas también, digamos que si no hay elementos no tendría porque sentirse ofendidos ni preocupados, si hay elementos y se sienten muy preocupados por alguna razón será”.

De acuerdo con lo aprobado por el Congreso local, se podrá procesar penalmente al gobernador, diputados locales, Auditor Superior del Estado y magistrados del Poder Judicial, aunque estos funcionarios tendrán la posibilidad de mantenerse en el cargo siempre y cuando un juez no dicte alguna medida cautelar de prisión preventiva o se emita una sentencia.

Leer más: Arrestan a la banda de "El Güero de la Santa Muerte" en Tehuacán

En ese sentido, Treviño Núñez consideró que es un error que se les permita conservar el cargo mientras son investigados, pues hay riesgo de que usen su posición para beneficiarse legalmente.

“El funcionario no debería seguir en su cargo mientras se inicia un proceso de investigación porque desde su encargo puede manipular la información”.

(Con información de Víctor Hugo Juárez)

La eliminación del fuero en Puebla, que avaló recientemente el Congreso de Puebla, podría representar una censura y presiones políticas a futuro, además de que implica riesgos de inequidad de impartición de justicia, consideraron Alejandro Guillén, politólogo de la UPAEP y German Molina, director del ICI.

Los analistas coincidieron que la nueva medida pueda ser positiva, sin embargo, que podría implicar peligros para los grupos opositores al gobierno en turno.

Por esa razón, incluso, también recomendaron que haya una revisión periódica a la nueva ley aprobada por el Poder Legislativo, para que no se comentan abusos o persecuciones políticas, como ha sucedido en gobiernos pasados.

El 8 de julio, los diputados del Congreso del Estado aprobaron eliminar el fuero constitucional para poder juzgar al gobernador, legisladores, auditor y magistrados del Poder Judicial si éstos cometen algún delito.

Al respecto, Alejandro Guillén, politólogo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) consideró que desde 2018 la entidad, así como el país, tiene un nuevo panorama político que hace difícil una postura crítica o de oposición, principalmente para los legisladores, pues sus comentarios negativos al gobernador en turno, podría representar que se coarte su libertar de expresión. “Lejos de contribuir al desarrollo de la democracia, puede entorpecerla”.

Mientras, en el Poder Judicial, consideró que está en riesgo la división de poderes y la impartición de justicia, problemáticas que han estado arrastrando desde el pasado los magistrados. Asimismo, condenó que en este momento se estén observando señales, tanto a nivel Federal como Estatal, de intentar centralizar las decisiones políticas.

“Es sumamente peligroso. Si algún problema, desde hace mucho, el Poder Judicial manifiesta por momentos dependencia y por momentos parece que regresamos a lo mismo, subordinados a las decisiones de quién tiene el poder ejecutivo. Si no existe este contrapeso del Poder Judicial, entonces, cualquier decisión que tenga que manera conforme a derecho cualquier magistrado va a tener que pensarlo dos veces, sobre todo si empieza a analizar la situación y los elementos de carácter político; eso ya da al traste con la impartición de justicia”.

Por otra parte, el director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Germán Molina, señaló que alguno de los riesgos son que las sanciones sean a “criterio” de quienes están a cargo de las investigaciones, por lo que debe de ir acompañado de un agente externo que evalué su efectividad durante el próximo año para ver si se aplica correctamente.

“La eliminación obliga a las autoridades de investigación, como la Fiscalía General del Estado, la auditorias, no se conviertan en un proceso de persecución política o de acabar con los opositores, debe de realizarse un trabajo transparente”, comentó.

Finalmente, Molina opinó que la nueva ley atiende el combate a la corrupción y es respuesta del proyecto político de la cuarta transformación de “honestidad de transparencia”, además de que buscar terminar con los excesos de políticos.

Foto: Iván Venegas | El Sol de Puebla

DICE COPARMEX NO A LA "CACERÍA DE BRUJAS"

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Puebla, Fernando Treviño Núñez, celebró la reforma aprobada por el Congreso del Estado con la que elimina el fuero constitucional a funcionarios públicos, pero hizo un llamado a que esta modificación no se utilice para iniciar una “cacería de brujas” y solo se aplique lo que marca la ley.

“Es una demanda social de muchos años atrás y la sociedad lo había estado pidiendo, así es que por ese lado muy bien. Lo único que decíamos es que para que esto no sea una cacería de brujas, se aplique la ley, nada más. Si hay funcionarios que cometen actos de corrupción que se aplique la ley”.

Para evitar el uso indebido de este instrumento legal, el líder empresarial consideró que se debe aplicar la ley con los elementos necesarios para proceder en contra de aquellos funcionarios que hayan cometido irregularidades durante su encargo.

“Ahora todo se traduce como cacería de brujas también, digamos que si no hay elementos no tendría porque sentirse ofendidos ni preocupados, si hay elementos y se sienten muy preocupados por alguna razón será”.

De acuerdo con lo aprobado por el Congreso local, se podrá procesar penalmente al gobernador, diputados locales, Auditor Superior del Estado y magistrados del Poder Judicial, aunque estos funcionarios tendrán la posibilidad de mantenerse en el cargo siempre y cuando un juez no dicte alguna medida cautelar de prisión preventiva o se emita una sentencia.

Leer más: Arrestan a la banda de "El Güero de la Santa Muerte" en Tehuacán

En ese sentido, Treviño Núñez consideró que es un error que se les permita conservar el cargo mientras son investigados, pues hay riesgo de que usen su posición para beneficiarse legalmente.

“El funcionario no debería seguir en su cargo mientras se inicia un proceso de investigación porque desde su encargo puede manipular la información”.

(Con información de Víctor Hugo Juárez)

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