/ sábado 7 de enero de 2023

Cierra 2022 con 243 víctimas por violación a la intimidad sexual

El 40 por ciento de las mujeres no denuncian por miedo a ser revictimizadas por las autoridades y sus propios familiares

El estado de Puebla cerró el 2022 con un total de 243 víctimas por el delito de violación a la intimidad sexual, que es cuando alguien divulga, comparte, distribuye o publica imágenes, videos/audios con contenido íntimo sexual. La capital poblana y Tehuacán, fueron las demarcaciones que más casos registraron y el delito se desarrolló en 36 de los 217 municipios poblanos.

El sitio de “Georreferenciación Violencia de Género” que tiene la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó que, del 1 de enero del 2022 al 30 de noviembre del mismo año (última fecha de publicación), este organismo contabilizó un total de 243 víctimas del sexo femenino que reportaron la divulgación de contenido íntimo sin su consentimiento.


Puebla fue el municipio con más víctimas, pues sumó un total de 118 mujeres que reportaron estos hechos, le siguió Tehuacán, pues contabilizó 12, mientras que Tepeaca, Cuautlancingo y Amozoc registraron nueve víctimas cada uno. San Martín Texmelucan, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, siete, respectivamente.

Huachinango seis y el resto de víctimas fueron una cifra menor, pero se distribuyeron en los siguientes municipios: Ajalpan, Tecamachalco, Tecali de Herrera, Atlixco, Hueytamalco, Santiago Miahuatlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlatlauquitepec, Xicotepec, Teziutlán, Zacapoaxtla, Cuetzalan, Chignahuapan, Zacatlán, Huejotzingo.

También Izúcar de Matamoros, San José Chiapa, Cuautinchán, Pahuatlán, Tlachichuca, Venustiano Carranza, Chiautla, Tetela de Ocampo, San Salvador El Seco, Palmar de Bravo, Libres y Ocoyucan. Lo que deja entre ver que hay presencia de violación a la intimidad sexual en 36 de los 217 municipios poblanos.

“No se denuncia por temor al qué dirán, principalmente a los señalamientos de la familia”

En entrevista con El Sol de Puebla, Yuteita Valeria Hoyos Ramos, abogada que pertenece a la Red de Abogadas Feministas Puebla-Tlaxcala que asesora jurídicamente a mujeres en casos de violencia, compartió que la violencia digital y la violación a la intimidad sexual son de las violencias más frecuentes, pero que el 40 por ciento de las mujeres no denuncian por miedo a ser revictimizadas, tanto por las autoridades como por su propia familia.


“Se puede denunciar gracias a la Ley Olimpia, son de los delitos que más asesoro, lamentablemente son muy comunes, pero en muchas ocasiones no denuncian por temor a la respuesta de la propia familia, incluso varias de ellas son menores de edad y al denunciar tienen que acudir con un adulto, y al saber de esto desisten de su denuncia pues quieren ir solas”, explicó.

En su opinión, esto se debe a que el tema aún sigue siendo muy estigmatizado y que las autoridades, así como sus familiares las culpan de que sus fotos o vídeos circulen en redes sociales. “Por lo menos el 40 por ciento de mujeres no denuncian por este motivo”, aseguró.

En caso de ser víctima de este delito, la también integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas en Puebla sugirió que no tengan miedo a denunciar, no importa su edad, ya que es una problemática social que se da tanto en mujeres jóvenes como adultas, en el segundo caso, Yuteita ha asesorado casos en donde los ex maridos amenazas a las mujeres con difundir material íntimo tras un divorcio.

Otra de su sugerencia es hacer un respaldo de todas las amenazas que reciben a través de redes sociales, que es en donde se más se ejercen este tipo de violencias. Lo que pueden hacer es capturar pantallas, tomar fotos o imprimir, ya que estos mensajes se pueden borrar y los necesitan para interponer una querella.

Asimismo, pide que siempre las mujeres pidan sus fotos, ya que se si el violentador no prueba que tiene posesión de este material, sólo se quedara en una denuncia por “amenazas” y no por distribuir contenido íntimo.

De igual modo, pide que se hagan un dictamen psicológico, en donde comprueben que este tipo de acciones las afectaron, las avergonzaron y les causaron dolor, dicho examen puede solicitarse en la FGE a la hora de hacer la denuncia.

Para concluir, llevar credencial oficial a la Fiscalía en caso de ser mayores de edad y luego de tener una carpeta de investigación, exhortó a estar pendientes de su caso, pues pocas veces son las que los agentes de la FGE llaman para dar continuidad, así que las víctimas tienen que estar insistiendo para que continúen las investigaciones.

“Es muy complicado porque muchas veces no se sabe a quién denunciar, porque se desconoce quien difundió las imágenes, pero es importante señalar este tipo de hechos. Supe de un caso de una mujer que difundieron sus imágenes luego de llevar a componer su computadora, el técnico se robó las fotos, hay múltiples maneras de tener las imágenes, pero si sospechamos de alguien en primer término, tenemos que dar su nombre”, concluyó.


Antecedentes de la Ley Olimpia

Fue en noviembre del 2019 cuando la activista originaria de Huauchinango, Olimpia Coral Melo Cruz, logró que la Cámara de Diputados aprobara la Ley Olimpia, que tipifica y sanciona la violación a la intimidad sexual y la violencia digital en contra de las mujeres en todas sus formas.

La violencia digital quedó asentada como el acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas.

También es violencia digital cualquier acción cometida a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier espacio cibernético que atente contra la integridad, dignidad, intimidad, libertad, vida privada, que vulnere algún derecho humano de las mujeres.

Sobre Olimpia Coral, la difusión de un video íntimo la llevó al borde del suicidio, sin embargo, luego de este hecho traumático decidió tomar cartas en el asunto y buscó que este tipo de acciones se castigaran.

En 2013, el video que grabó junto con su pareja fue filtrado, primero a través de WhatsApp, Facebook y después en páginas de pornografía, señalandola como “la gordibuena de Huauchinango”, por lo que emprendió una lucha para tipificar el delito.

Hay que recordar que el pasado 5 de diciembre, Coral Melo, dio a conocer el Informe “Violencia digital (México)", en el cual reveló que el 23 por ciento de los agresores virtuales que se tienen registrados viven en la Ciudad de México.


El 11 por ciento viven en Monterrey, el cinco por ciento en Guadalajara, el cuatro por ciento en Puebla y el tres por ciento en San Luis Potosí. A diferencia de otros delitos, estas personas tienen escolaridad alta, con universidad y se dedican principalmente a las ventas o a los servicios administrativos.

En Sonora y Tlaxcala se dan las primeras vinculaciones a proceso por la Ley Olimpia

Pese a que Olimpia es poblana y que la ley que lleva su nombre se impulsó en el territorio poblano, fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) y la de Tlaxcala las que realizaron la primera vinculación a proceso de hombres por violación a la intimidad sexual en el año 2022.

El primero se trató de Juan “N” de Sonora, un hombre que no fue acusado por una mujer, sino que fueron 40 mujeres que lo señalaron de divulgar fotos y videos íntimos. Este personaje fue vinculado a proceso por violar la Ley Olimpia y se convirtió en el primer caso en llegar a esta parte del proceso judicial.

Y el segundo caso fue gracias a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE), pues obtuvo la primera vinculación a proceso por el delito de violación a la intimidad sexual. El acusado fue Miguel N.

Hasta el momento, en el territorio poblano no se ha generado ni una vinculación a proceso.

El estado de Puebla cerró el 2022 con un total de 243 víctimas por el delito de violación a la intimidad sexual, que es cuando alguien divulga, comparte, distribuye o publica imágenes, videos/audios con contenido íntimo sexual. La capital poblana y Tehuacán, fueron las demarcaciones que más casos registraron y el delito se desarrolló en 36 de los 217 municipios poblanos.

El sitio de “Georreferenciación Violencia de Género” que tiene la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó que, del 1 de enero del 2022 al 30 de noviembre del mismo año (última fecha de publicación), este organismo contabilizó un total de 243 víctimas del sexo femenino que reportaron la divulgación de contenido íntimo sin su consentimiento.


Puebla fue el municipio con más víctimas, pues sumó un total de 118 mujeres que reportaron estos hechos, le siguió Tehuacán, pues contabilizó 12, mientras que Tepeaca, Cuautlancingo y Amozoc registraron nueve víctimas cada uno. San Martín Texmelucan, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, siete, respectivamente.

Huachinango seis y el resto de víctimas fueron una cifra menor, pero se distribuyeron en los siguientes municipios: Ajalpan, Tecamachalco, Tecali de Herrera, Atlixco, Hueytamalco, Santiago Miahuatlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlatlauquitepec, Xicotepec, Teziutlán, Zacapoaxtla, Cuetzalan, Chignahuapan, Zacatlán, Huejotzingo.

También Izúcar de Matamoros, San José Chiapa, Cuautinchán, Pahuatlán, Tlachichuca, Venustiano Carranza, Chiautla, Tetela de Ocampo, San Salvador El Seco, Palmar de Bravo, Libres y Ocoyucan. Lo que deja entre ver que hay presencia de violación a la intimidad sexual en 36 de los 217 municipios poblanos.

“No se denuncia por temor al qué dirán, principalmente a los señalamientos de la familia”

En entrevista con El Sol de Puebla, Yuteita Valeria Hoyos Ramos, abogada que pertenece a la Red de Abogadas Feministas Puebla-Tlaxcala que asesora jurídicamente a mujeres en casos de violencia, compartió que la violencia digital y la violación a la intimidad sexual son de las violencias más frecuentes, pero que el 40 por ciento de las mujeres no denuncian por miedo a ser revictimizadas, tanto por las autoridades como por su propia familia.


“Se puede denunciar gracias a la Ley Olimpia, son de los delitos que más asesoro, lamentablemente son muy comunes, pero en muchas ocasiones no denuncian por temor a la respuesta de la propia familia, incluso varias de ellas son menores de edad y al denunciar tienen que acudir con un adulto, y al saber de esto desisten de su denuncia pues quieren ir solas”, explicó.

En su opinión, esto se debe a que el tema aún sigue siendo muy estigmatizado y que las autoridades, así como sus familiares las culpan de que sus fotos o vídeos circulen en redes sociales. “Por lo menos el 40 por ciento de mujeres no denuncian por este motivo”, aseguró.

En caso de ser víctima de este delito, la también integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas en Puebla sugirió que no tengan miedo a denunciar, no importa su edad, ya que es una problemática social que se da tanto en mujeres jóvenes como adultas, en el segundo caso, Yuteita ha asesorado casos en donde los ex maridos amenazas a las mujeres con difundir material íntimo tras un divorcio.

Otra de su sugerencia es hacer un respaldo de todas las amenazas que reciben a través de redes sociales, que es en donde se más se ejercen este tipo de violencias. Lo que pueden hacer es capturar pantallas, tomar fotos o imprimir, ya que estos mensajes se pueden borrar y los necesitan para interponer una querella.

Asimismo, pide que siempre las mujeres pidan sus fotos, ya que se si el violentador no prueba que tiene posesión de este material, sólo se quedara en una denuncia por “amenazas” y no por distribuir contenido íntimo.

De igual modo, pide que se hagan un dictamen psicológico, en donde comprueben que este tipo de acciones las afectaron, las avergonzaron y les causaron dolor, dicho examen puede solicitarse en la FGE a la hora de hacer la denuncia.

Para concluir, llevar credencial oficial a la Fiscalía en caso de ser mayores de edad y luego de tener una carpeta de investigación, exhortó a estar pendientes de su caso, pues pocas veces son las que los agentes de la FGE llaman para dar continuidad, así que las víctimas tienen que estar insistiendo para que continúen las investigaciones.

“Es muy complicado porque muchas veces no se sabe a quién denunciar, porque se desconoce quien difundió las imágenes, pero es importante señalar este tipo de hechos. Supe de un caso de una mujer que difundieron sus imágenes luego de llevar a componer su computadora, el técnico se robó las fotos, hay múltiples maneras de tener las imágenes, pero si sospechamos de alguien en primer término, tenemos que dar su nombre”, concluyó.


Antecedentes de la Ley Olimpia

Fue en noviembre del 2019 cuando la activista originaria de Huauchinango, Olimpia Coral Melo Cruz, logró que la Cámara de Diputados aprobara la Ley Olimpia, que tipifica y sanciona la violación a la intimidad sexual y la violencia digital en contra de las mujeres en todas sus formas.

La violencia digital quedó asentada como el acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas.

También es violencia digital cualquier acción cometida a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier espacio cibernético que atente contra la integridad, dignidad, intimidad, libertad, vida privada, que vulnere algún derecho humano de las mujeres.

Sobre Olimpia Coral, la difusión de un video íntimo la llevó al borde del suicidio, sin embargo, luego de este hecho traumático decidió tomar cartas en el asunto y buscó que este tipo de acciones se castigaran.

En 2013, el video que grabó junto con su pareja fue filtrado, primero a través de WhatsApp, Facebook y después en páginas de pornografía, señalandola como “la gordibuena de Huauchinango”, por lo que emprendió una lucha para tipificar el delito.

Hay que recordar que el pasado 5 de diciembre, Coral Melo, dio a conocer el Informe “Violencia digital (México)", en el cual reveló que el 23 por ciento de los agresores virtuales que se tienen registrados viven en la Ciudad de México.


El 11 por ciento viven en Monterrey, el cinco por ciento en Guadalajara, el cuatro por ciento en Puebla y el tres por ciento en San Luis Potosí. A diferencia de otros delitos, estas personas tienen escolaridad alta, con universidad y se dedican principalmente a las ventas o a los servicios administrativos.

En Sonora y Tlaxcala se dan las primeras vinculaciones a proceso por la Ley Olimpia

Pese a que Olimpia es poblana y que la ley que lleva su nombre se impulsó en el territorio poblano, fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) y la de Tlaxcala las que realizaron la primera vinculación a proceso de hombres por violación a la intimidad sexual en el año 2022.

El primero se trató de Juan “N” de Sonora, un hombre que no fue acusado por una mujer, sino que fueron 40 mujeres que lo señalaron de divulgar fotos y videos íntimos. Este personaje fue vinculado a proceso por violar la Ley Olimpia y se convirtió en el primer caso en llegar a esta parte del proceso judicial.

Y el segundo caso fue gracias a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE), pues obtuvo la primera vinculación a proceso por el delito de violación a la intimidad sexual. El acusado fue Miguel N.

Hasta el momento, en el territorio poblano no se ha generado ni una vinculación a proceso.

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