El colectivo Puebla sin Tauromaquia celebró la suspensión de las corridas de toros programadas para el 6 y 12 de mayo en la feria y exigió al Congreso del Estado legislar sobre el tema que lleva en la congeladora casi un año desde de que la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Leal Rodríguez, presentó una propuesta de reforma para prohibir dichos espectáculos, al igual que las peleas de gallos.
A través de un comunicado, los integrantes del colectivo que está conformado por Puebla Viva y Sin Corridas, Animales Héroes, Peta y el Movimiento Animalista, reconocieron que el amparo concedido se suma al otorgado en los municipios de Zacatlán, San Martín Texmelucan y Teziutlán.
Ante la perspectiva de los animalistas, los avances obtenidos gracias al Poder Judicial demuestran que los espectáculos realizados con los toros son una práctica que atenta contra el derecho humano a un ambiente sano, una cultura de paz y respeto.
En el mismo documento, exigieron al Poder Legislativo analizar la última propuesta presentada para prohibir las corridas de toros y peleas de gallo porque la propuesta de reforma fue presentada en junio del año pasado, es decir, está a un mes de cumplir un año de ser recibida por el parlamento y no ha sido examinada en comisiones.
“Ahora exigimos que el Congreso del Estado legisle al respecto y represente al 80 por ciento de los poblanos que afirman las corridas de toros son un maltrato animal y deben prohibirse”.
En la última década se han presentado tres proyectos para evitar las actividades con los animales. La primera fue propuesta en el 2014 por el entonces diputado local Juan Carlos Natale. Sin embargo, el proyecto fue desechado. Lo mismo ocurrió con la segunda propuesta a cargo de la expresidenta municipal Claudia Rivera Vivanco.
La tercera y la última corresponde a la panista Leal Rodríguez que planteó aquellas personas que incurran en dichas prácticas podrán pasar de uno a cuatro años en la cárcel y ser acreedores a una multa de doscientas a cuatrocientas Unidades de Medida y Actualización (UMAS), es decir, desde los 19 mil 244 pesos hasta los 38 mil 488 pesos.
El proyecto propuesto dividió opiniones entre los ambientalistas y los gallegos, quienes, por separado, se manifestaron en más de una ocasión para defender sus respectivos puntos de vista.
En lo que respecta al tema legislativo, la proponente anunció un parlamento abierto para escuchar las voces a favor y en contra, así como para conocer el punto de vista de expertos. No obstante, la realización del ejercicio se ha postergado por más de 10 meses.
A la par, todavía no existe una fecha determinada para realizar el parlamento y de acuerdo con lo último expuesto a esta casa editorial, corresponde a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local dar autorización para concretarlo.
