Las colectivas Mujeres por el Derecho al Cuidado y una vida libre de Violencia (MDCVLV) y de Madres Viviendo Violencia Vicaria (MVVV) denunciaron retrocesos e irregularidades en los casos de Samira, Daniela y Gabriela, mujeres víctimas de violencia económica en Puebla.
Frente al Poder Judicial de la Federación, las mujeres señalaron que las autoridades han retrasado sus casos a pesar de que llevan más de un año con los procesos legales, por lo que las madres y sus hijas e hijos continúan siendo afectadas por el incumplimiento de pensiones e inclusos sus exparejas siguen ejerciendo diversos tipos de violencia en su contra.
A esta situación se enfrenta Samira, quien el mes pasado denunció un intento de desalojo de su domicilio por parte del padre de sus 4 infancias con ayuda de la abuela materna, mediante el uso de un documento apócrifo. Tras este hecho, y después de una audiencia ocurrida en días pasados, la madre de familia señaló que Jared N. continúa sin cumplir sus obligaciones alimentarias.
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“Hasta el día de hoy no me ha dado la pensión; soy madre de cuatro niños (...) con una niña que requiere terapias”, externó Samira, quien señaló que el progenitor de los menores es un empresario por lo que tiene la solvencia económica para cumplir con sus obligaciones.
También se expuso el caso de Daniela Flores, víctima de violencia vicaria desde hace más de cinco años por lo que no ha tenido contacto con su hija. Expuso que el equipo legal de su agresor está utilizando su activismo para difamarla y atacarla. “Con sus abogados e influencias ha seguido violentándonos”, externó brevemente tras sentencias que no puede hablar más de su situación por temor.
Gabriela Rosas también expuso su situación jurídica y manifestó su preocupación de que su agresor, Amado E., sumó a su equipo legal a la antes titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género en contra de las Mujeres, Raquel Avendaño Fernández.
“Reconocemos que tiene derecho a la defensa, sin embargo, nos parece incongruente que pasamos de investigar delitos en contra de las mujeres a defender a un deudor alimentario”, manifestó.
Ante esto, las colectivas llamaron a las autoridades a resolver con perspectiva de género y agilizar los procesos legales, así como no permitir los argumentos de los deudores sobre no contar con trabajo para evitar pagar sus pensiones.
