Fortalecer al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) con facultades para sancionar actos de corrupción e indagar operaciones financieras y electorales fueron las principales propuestas de candidatos a integrar el órgano, como Alejandra Mendoza, el expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Puebla, Antonio Prósperi Calderón, y el todavía comisionado del Instituto Electoral del Estado (IEE), Federico González Magaña.
Entre los 14 aspirantes que comparecieron ante siete de los ocho miembros de la Comisión de Selección del CPC del SEA, excepto por el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, destacó la crítica de Alejandra Mendoza Luna, directora de la Canaco, quien consideró que las opiniones del CPC sí deben ser vinculantes, es decir, que deben convertirse en sanciones para concretar el combate a la corrupción.
Sin embargo, en su oportunidad Alejandro Guillén Reyes, politólogo y catedrático de la UPAEP, consideró que el CPC no tiene por qué ser una instancia sancionadora, sino vigilante de que los entes que tienen esas facultades procedan en contra de quienes incurran en irregularidades y que ya forman parte del SEA, como el Tribunal de Justicia Administrativa, por citar un ejemplo.
En su turno, el también comisionado del IEE, Federico González Magaña, se pronunció porque el CPC integre a personal especializado en analizar temas financieros y electorales, en los que, añadió, también pueden producirse actos de corrupción y que, sin embargo, por el momento no están siendo observados o indagados.
Una propuesta similar expuso el expresidente de la Canaco en Puebla, Antonio Próspero Calderón, quien estimó que debe incluirse un sistema de fiscalización que investigue operaciones financieras de las autoridades.
Otras propuestas que plantearon los aspirantes, como Jesús Sancristóbal Ángel, titular de la Dirección Jurídico Consultiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla (Itaipue), y González Magaña fueron la implementación de un sistema de capacitación y “meritocracia” en el servicio público, de modo que se promueva el mejor desempeño de parte de los servidores públicos, a lo que María Fernanda Díez Torres, directora de Relaciones Institucionales del Centro de Estudios Manuel Espinosa Yglesias y fundadora del Sistema Nacional Anticorrupción, añadió la importancia de que los servidores públicos se observen como pares de los ciudadanos.
Díez Torres y Sancristóbal Ángel coincidieron, por separado, en que al CPC le ha fallado comunicarse y vincularse con los ciudadanos: ella dijo que para explicar lo que ha hecho y él añadió que requiere hacer mayor difusión de su labor a fin de que sea visto por los poblanos como un verdadero órgano de representación.
MOMENTOS INCÓMODOS
Para terminar, es preciso agregar que Federico González Magaña presumió su prestigio profesional y personal ante el Comité de Selección, asegurando que durante 20 años de ejercicio en la administración pública no ha sido sancionado por cualquier razón, que es un hombre honesto y con una vida apegada a la ley.
Mientras que el académico Jorge David Cortés Romero reconoció que a la edad de 22 años fue beneficiado con un acto de tráfico de influencias, pues por la amistad que su padre, Jorge Romero Vargas, sostuvo con Guillermo Pacheco Pulido, presidente municipal de Puebla en la gestión 1987-1990, fue juez calificador en el Ayuntamiento.
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