Las caravanas migrantes han derivado en violaciones a los derechos humanos de las personas en tránsito por el estado, es así que CNDH registró en Puebla 5 quejas contra el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación por presuntas acciones y omisiones que transgreden los derechos a los migrantes y de sus familiares, y por faltar a la legalidad del desempeño de sus funciones.
El primero de octubre, alrededor de 3 mil migrantes hondureños emprendieron su camino rumbo a Estados Unidos, pero a su arribo en Guatemala, su paso fue frustrado por las fuerzas de seguridad de ese país.
Cabe destacar que, aun con las recurrentes violaciones a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos registradas en la entidad durante los últimos años, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP) no ha emitió un pronunciamiento al respecto.
El último comunicado que presentó la Comisión de Derechos Humanos del estado recuerda la situación de vulnerabilidad de los migrantes centroamericanos en su paso por Puebla al mencionar que, tratando de evitar que las instituciones los detecten y deporten, el riesgo a que sean víctimas de delitos y violaciones a sus derechos aumenta.
La CDH Puebla mencionó que tras los recorridos a los municipios que conforman el corredor migrante se identificó que la principal necesidad de las personas en tránsito es la seguridad de su integridad física, pues son las autoridades municipales quienes más vulneran sus derechos con detenciones arbitrarias por la única razón de su condición como indocumentados.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) agregó en enero de este año que los migrantes y solicitantes de asilo en México son candidatos a sufrir violencia y explotación, por lo que las autoridades mexicanas deben brindarles protección humanitaria para garantizar que tengan acceso a servicios esenciales, cuidados y seguridad, incluidas una alimentación y una atención de salud adecuadas.
Aunque de acuerdo con el informe de la CNDH el estado se encuentra con un riesgo medio para las personas en tránsito, esto a partir de la percepción del personal de albergues y casa del migrante.
Cabe destacar que el número de viajeros se redujo después de que el Gobierno de México anunciara sanciones que llegarían a 10 años de prisión para quienes no cumplan con las medidas sanitarias contra el Covid-19; además de desplegar elementos de la Guardia Nacional en la frontera Sur del país.
