/ martes 17 de mayo de 2022

Condición desaprobatoria de penales quedó expuesto con caso Tadeo: especialista

Remover a los directores de los centros penitenciarios no resuelve los problemas estructurales, advierte Simón Hernández León

Como resultado de la resolución de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado de Puebla acerca del caso del bebé Tadeo, las condiciones desaprobatorias en materia de seguridad al interior de los reclusorios en la entidad quedaron expuestas, detectó Simón Hernández León, maestro en DDHH y académico en la Universidad Iberoamericana.

Es importante mencionar que, fue este 13 de mayo cuando el organismo garante de los derechos humanos en la entidad definió que se vulneraron al menos cuatro garantías individuales en agravio del menor de edad y de su familia.

Hernández León ubicó que las condiciones en las que actualmente prevalecen los centros de readaptación social, tal es el caso del CERESO de San Miguel, lugar donde fue encontrado el cadáver del recién nacido a inicios de 2022, son deficientes e inseguras, no sólo para la integridad física de las personas, sino también en sus protocolos de protección a los DDHH.

Recordó que fue en 2021 cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) colocó a Puebla entre las cinco entidades peor evaluadas, respecto al desempeño de sus centros penitenciarios en materia de DDHH. De esta manera, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria enmarcó que el estado obtuvo una calificación general de 5.21, donde 10 fue la cifra más alta.

Del reporte destaca que, de los 16 lugares de reclusión operantes en Puebla, el que obtuvo los resultados más deficientes fue el Centro Penitenciario Regional de Huauchinango, con un puntaje de 4.24, mientras que el mejor calificado fue el Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla, también conocido como CERESO de San Miguel, el cual recibió un puntaje de 6.45.

Los principales hallazgos de ese organismo, fueron que en dicho inmueble reina la falta de prevención de violaciones a los DDHH, condiciones insalubres, ingobernabilidad, deficiente separación de personas, poco interés por atender a personas adultas mayores, así como insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones.

Por todo ello, es importante mencionar el caso del recién nacido hallado el 9 de enero de 2022 en ese inmueble, pues el suceso dejó en entrevisto la serie de irregularidades que suceden en ese reclusorio de forma constante, detalló el académico.

“Los penales de Puebla [tienen] una condición desaprobatoria en varios rubros, incluyendo seguridad, sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, lo cual vimos ahora evidenciado en el penal de San Miguel en donde aparece un niño muerto, que fue sustraído de un panteón en la Ciudad de México [y que] hasta la fecha no hemos tenido un esclarecimiento de lo que sucedió”, apuntó.

Por esa razón, el especialista refirió que para dar solución a esta problemática se requiere atender de forma individual cada rasgo y no “remover a los directores de los centros penitenciarios (...) pues eso no resuelve los problemas estructurales que hay de fondo (...) Eso pone en evidencia la fragilidad del sistema penitenciario y su [carente] propósito para la reinserción social”.

Finalmente, el académico refirió que otra de las crisis que se enfrentan estos lugares es la sobrepoblación causada por aquellos que no reciben una condena, pero que son albergados en los reclusorios de todas formas: “Es un problema nacional, pero, el uso absurdo de la prisión preventiva (...) donde cerca de la mitad de personas que se encuentran en penales, no tienen una condena, pero aún así están detenidos porque la Constitución [y] la ley así lo posibilitan”.

Como resultado de la resolución de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado de Puebla acerca del caso del bebé Tadeo, las condiciones desaprobatorias en materia de seguridad al interior de los reclusorios en la entidad quedaron expuestas, detectó Simón Hernández León, maestro en DDHH y académico en la Universidad Iberoamericana.

Es importante mencionar que, fue este 13 de mayo cuando el organismo garante de los derechos humanos en la entidad definió que se vulneraron al menos cuatro garantías individuales en agravio del menor de edad y de su familia.

Hernández León ubicó que las condiciones en las que actualmente prevalecen los centros de readaptación social, tal es el caso del CERESO de San Miguel, lugar donde fue encontrado el cadáver del recién nacido a inicios de 2022, son deficientes e inseguras, no sólo para la integridad física de las personas, sino también en sus protocolos de protección a los DDHH.

Recordó que fue en 2021 cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) colocó a Puebla entre las cinco entidades peor evaluadas, respecto al desempeño de sus centros penitenciarios en materia de DDHH. De esta manera, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria enmarcó que el estado obtuvo una calificación general de 5.21, donde 10 fue la cifra más alta.

Del reporte destaca que, de los 16 lugares de reclusión operantes en Puebla, el que obtuvo los resultados más deficientes fue el Centro Penitenciario Regional de Huauchinango, con un puntaje de 4.24, mientras que el mejor calificado fue el Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla, también conocido como CERESO de San Miguel, el cual recibió un puntaje de 6.45.

Los principales hallazgos de ese organismo, fueron que en dicho inmueble reina la falta de prevención de violaciones a los DDHH, condiciones insalubres, ingobernabilidad, deficiente separación de personas, poco interés por atender a personas adultas mayores, así como insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones.

Por todo ello, es importante mencionar el caso del recién nacido hallado el 9 de enero de 2022 en ese inmueble, pues el suceso dejó en entrevisto la serie de irregularidades que suceden en ese reclusorio de forma constante, detalló el académico.

“Los penales de Puebla [tienen] una condición desaprobatoria en varios rubros, incluyendo seguridad, sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, lo cual vimos ahora evidenciado en el penal de San Miguel en donde aparece un niño muerto, que fue sustraído de un panteón en la Ciudad de México [y que] hasta la fecha no hemos tenido un esclarecimiento de lo que sucedió”, apuntó.

Por esa razón, el especialista refirió que para dar solución a esta problemática se requiere atender de forma individual cada rasgo y no “remover a los directores de los centros penitenciarios (...) pues eso no resuelve los problemas estructurales que hay de fondo (...) Eso pone en evidencia la fragilidad del sistema penitenciario y su [carente] propósito para la reinserción social”.

Finalmente, el académico refirió que otra de las crisis que se enfrentan estos lugares es la sobrepoblación causada por aquellos que no reciben una condena, pero que son albergados en los reclusorios de todas formas: “Es un problema nacional, pero, el uso absurdo de la prisión preventiva (...) donde cerca de la mitad de personas que se encuentran en penales, no tienen una condena, pero aún así están detenidos porque la Constitución [y] la ley así lo posibilitan”.

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