El secretario general de gobierno (SGG) Fernando Manzanilla Prieto, confirmó actos de espionaje realizados por pasados gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN). Dijo que los hechos no quedarán impunes, incluso ya hay denuncias en la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).
Manzanilla Prieto, comentó que las denuncias son en contra de quien resulte responsable, pero desconoce cuántas acusaciones son. Las denuncias abarcan toda la información que en su momento se presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) y que fue desechada por el “claro contubernio” con el gobierno de aquel entonces.
“Eran equipos que operaban, que tenían y que compraron por fuera del Gobierno del Estado. Hoy en día, no tenemos identificado dentro del Gobierno ninguno de estos aparatos, lo cual nos lleva a pensar que eran aparatos que se compraron desde fuera, a lo mejor con recursos públicos disfrazado de alguna manera”, explicó.
Compartió que ya platicó con Gilberto Higuera Bernal, titular de la FGE sobre este tema y se entablaron denuncias sobre el asunto, lo que dio como resultado la apertura de investigaciones. “Será uno de los temas como muchos otros que tendrá que ser investigado a profundidad para que sepamos qué fue lo que pasó, qué equipos hubo, quiénes fueron los responsables, quiénes lo manejaban y en dónde está la información, así como los equipos al día de hoy”, dijo.
En otro tema, el secretario confirmó que hasta el momento no hay ninguna solicitud para que l gobierno se haga cargo de la seguridad en municipios como Tehuacán o Cañada Morelos.
“Lo puede hacer el estado a través de un decreto firmado por el Gobernador, pero esto ya sería una facultad del nuevo gobernador. Barbosa en su momento tendrá que definir si desea hacerlo”, acotó.
Al día de hoy están coordinándose con las fuerzas municipales de seguridad pública, para que no se permita que los alcaldes estén “desbalagados”.
Para finalizar aseveró que gobierno poblano cuenta con dinero suficiente para echar abajo la concesión a Agua de Puebla Para Todos, empero, será Luis Miguel Barbosa Huerta el que decida si “se echa para abajo”.
“Hay solvencia económica para echar abajo esa concesión o cualquier otra, lo que pasa es que cualquier tema de una concesión y un contrato implicará seguramente penalizaciones e implicará un conflicto legal y jurídico, pero de que hay condiciones hay condiciones”, finalizó.
