Con ligeras modificaciones, el Congreso de Puebla aprobó las reformas al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) con las que delimitarán las funciones de los órganos jurisdiccionales y se impedirá que el presidente del Consejo de la Judicatura, Carlos Palafox Galeana, represente legalmente al poder en los procedimientos correspondientes a las demás partes que conforman el Poder Judicial.
De acuerdo con lo expuesto, el cambio es que la Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) aumentará de tres a cinco el número de magistrados, quienes deberán elegir a su presidente por votación simple para un periodo de cuatro años.
Al subir a tribuna, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Mónica Silva Ruiz, recordó que en octubre del año pasado se aprobaron una serie de reformas al Poder Judicial para restructurarlo con el fin de que el mismo se depositará además del Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y la recientemente creada Sala Constitucional.
Prosiguió en que, a partir de los informes que ha entregado el Consejo de la Judicatura al parlamento se detectó el área de oportunidad para brindar mayor libertad a los órganos jurisdiccionales, por lo que la Junta de Gobierno y Coordinación Política presentó las reformas constitucionales que fueron avaladas con más de las dos terceras partes de votos, es decir, se logró la mayoría calificada.
“Esta reforma tiene por objeto brindar mayor autonomía a los órganos jurisdiccionales, ya que separa totalmente las funciones jurisdiccionales de las administrativas, precisan las funciones del Consejo de la Judicatura respecto de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial”, comentó.
Entre lo avalado también se encuentra la ampliación para que los plenos de los órganos del Poder Judicial tengan la facultad de iniciar leyes y decretos, se estipulan que las funciones de administración vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado quedarán a cargo del Consejo de la Judicatura. El punto anteriormente mencionado significa que aquellos casos donde los jueces y magistrados estén involucrados serán resueltos por dicho órgano.
El Tribunal Superior de Justicia decidirá sobre las controversias particulares, los asuntos de la Constitución y las leyes, a excepción de las que sean de competencia reservada para la Sala Constitucional.
La administración del presupuesto es una obligación del Consejo de la Judicatura. Lo anterior incluye al Tribunal Superior de Justicia, la Sala Constitucional y el Tribunal de Justicia Administrativa.
Otro de los puntos más destacados es los presidentes de los órganos jurisdiccionales no podrán integrar ni presidir el Consejo de la Judicatura.
En la misma sesión se formalizó la alternancia de las comisiones a las que pertenecía la diputada local con licencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Isabel Merlo Talavera, quien el 10 de marzo del año en curso asumió la titularidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP). El lugar de la ahora funcionaria del gobierno estatal será ocupado por su suplente, la exsecretaria general del ayuntamiento de Puebla, Silvia Tanús Osorio.
La presidencia de la Comisión de Transportes y Movilidad es la más importante que ocupará porque tendrá injerencia en la homologación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con el lineamiento federal. También resalta la vocalía en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia porque dicho órgano legislativo trata de garantizar el cumplimiento del marco legal mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal.
Según lo expuesto, otra comisión en la que participará Silvia Tanús es el órgano de Bienestar que preside el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), José Antonio López Ruiz, la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, la Comisión de Vivienda, la Comisión de Grupos Vulnerables, la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, así como el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
