La muerte de la menor de edad, Norma Lizbeth, en el Estado de México, a causa de los golpes que sufrió tras ser agredida por una compañera, alertó a los diputados locales del Congreso de Puebla, por lo que durante la comisión permanente se recibieron propuestas de reformas y exhortos encaminados a enfrentar el acoso escolar.
El diputado local del PAN, Oswaldo Jiménez López, presentó una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación, el Código Penal y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en materia de prevención del acoso escolar.
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En la propuesta se detalló que quienes ejercen la patria potestad de un menor, deben participar activamente con las autoridades de la escuela en la formación, desarrollo e implementación de estrategias para la detección, prevención, atención y seguimiento del acoso escolar y cualquier expresión de violencia.
Propuso también que en el Código Penal el acoso escolar sea sancionado como lesiones y se castigue la omisión de dar aviso o pedir auxilio ante una agresión. Además, establecer en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad evitar que éstos cometan acoso escolar en contra de otros.
La legisladora del albiazul, Mónica Rodríguez Della Vecchia, presentó un punto de acuerdo a la Secretaría de Educación para que en las escuelas se implementen programas y acciones en materia de seguridad escolar, hostigamiento, acoso escolar y cibernético.
Además, mediante diversas reformas al Código Penal del Estado, la legisladora Mónica Silva Ruiz propuso sancionar la “Omisión de Auxilio”, cuando se ponga en riesgo la vida o integridad de una persona y no se preste o solicite la asistencia requerida.
Aunque no está directamente relacionada con el caso de lo sucedido en la escuela, busca establecer los supuestos ante distintos hechos que puedan poner en riesgo la vida o la integridad física de una persona, tal como ocurrió en el plantel.
La propuesta plantea que, a quien omita prestar el auxilio, a un menor expósito o abandonado que no pueda valerse por sí mismo, o a una persona que se encuentre amenazada o en peligro manifiesto, cuando según las circunstancias pudiere hacerlo, sin riesgo propio ni de terceros se le sancionará con uno a seis meses de prisión o multa de una a diez Unidades de Medida y Actualización.
Como parte de la propuesta también se plantea que, quien después de lesionar a una persona no le preste auxilio o no solicite la asistencia que requiere, pudiendo hacerlo, será sancionado con prisión de un mes a dos años, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por el delito cometido.