El Congreso de Puebla aprobó castigar hasta con cuatro años de cárcel a los encargados de dirigir anexos o establecimientos que presten el servicio de salud mental sin los permisos necesarios.
En la sesión ordinaria, los legisladores locales dieron luz verde a la propuesta que envió el gobernador Miguel Barbosa Huerta los primeros días de junio, con el fin de prevenir irregularidades al interior de los centros de rehabilitación.
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Hay que mencionar que no hubo discusión en el punto de la orden del día y el dictamen obtuvo 37 votos a favor y cuatro abstenciones.
Las reformas al Código Penal señalan que se impondrá de uno a 4 años de prisión y las multas irán de las 50 a las 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien opere anexos sin cumplir con la normatividad.
El antecedente de las reformas que envío el mandatario estatal son las diferentes muertes que se han registrado al interior de los anexos. Uno de los últimos casos se registró a finales de octubre del año en curso, donde Alan, de 25 años de edad presuntamente fue asesinado al interior de un centro de rehabilitación.
