Los diputados locales se han olvidado de las más de 300 mil personas con algún tipo de discapacidad que viven en el estado de Puebla, pues en lo que va de la LXI Legislatura del Congreso no han aprobado iniciativas de ley o reformas y son escasas las propuestas en la materia, dejándoles sin acceso a una vida de calidad, incluyendo educación, empleo, alimentación y movilidad.
A más de ocho meses de que arrancó la legislatura, se han presentado 312 reformas elaboradas hasta el 26 de mayo, donde se destaca que solo cinco favorecen directa o indirectamente a las personas con discapacidad, lo cual equivale al 1.6 por ciento del total de iniciativas presentadas.
De éstas, ninguna ha sido discutida y aprobada en comisiones, por lo que aún esperan ser dictaminadas en las instancias correspondientes. Además de que continúan sin resolver siete iniciativas de la legislatura pasada.
Desde la perspectiva de especialistas en la materia y representantes de colectivos en la entidad, las iniciativas presentadas por diputados son solo “maquillaje” que poco privilegian las verdades necesidades de este sector de la población.
Entre las recientes propuestas que esperan ser aprobadas, destaca la iniciativa para que el estado cuenten con un censo a nivel estatal, así como accesibilidad de las personas con discapacidad al deporte y la creación de programas de capacitación psicológica para quienes ejercen la patria potestad las personas.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen 300 mil 150 personas con alguna discapacidad que habitan en la entidad, 139 mil 269 presentan problemas para caminar; 126 mil 363 para ver, a pesar de usar lentes; 73 mil 236 tienen problemas para oír, aun usando un aparato auditivo; 58 mil 829 para bañarse, vestirse o comer; 58 mil 229 para recordar o concentrarse, y 49 mil 224 para hablar o comunicarse. La población puede tener más de una discapacidad.
EXCLUSIÓN SOCIAL, REFLEJO EN POLÍTICAS PÚBLICAS
A decir de Eduardo Rafael García Vásquez, coordinador de Proyectos Académicos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, de la IBERO Puebla, aún hay un largo camino para que las necesidades de estas personas sean mínimamente atendidas, pues la poca o nula visibilidad que tienen y la baja representación poblacional son factores que influyen a que no estén en la mira de las políticas públicas.
Esta postura la respaldó el catedrático del Tecnológico de Monterey Campus Puebla, Alfredo García Galindo, quien señaló que históricamente existe la percepción de que es normal excluirles, misma que se refleja al momento de legislar.
“Hay un conjunto de elementos socioculturales históricos que terminaron por llegar hasta nuestros días, porque aún es muy convencional que las personas con discapacidad no sean tomadas en cuenta en la legislación”, señaló.
Por su parte, Alejandro Ramírez Campos, presidente de la Asociación Cultural y Recreativa para la Proyección de Invidentes de Puebla (ACRIP) y persona ciega, dijo que este sector siempre ha sido “bandera política”, pero nunca se han escuchado sus necesidades.
“Hacen mucho ruido (los políticos), pero no hacen nada. La discapacidad sigue siendo bandera para los políticos, pero poco efectiva. Aunque la ley diga que estamos incluidos, a la hora de la realidad te enfrentas a demasiadas carencias”, acusó.
EDUCACIÓN Y TRABAJO, DEMANDAS SIN ESCUCHAR
Acceder a una educación de calidad, un empleo seguro, alimentación digna y una movilidad incluyente, son las principales demandas que tienen las personas con discapacidad, mismas que no han sido materializadas, ya que de las iniciativas presentadas en la actual legislatura, solo una es en materia laboral.
Las y los diputados han priorizado la creación de un censo a nivel estatal, así como la accesibilidad de las personas con discapacidad al deporte, propuestas que no cumplen con las exigencias colectivas.
“Hablamos de modificar la ley para que puedan acceder al deporte, eso es una cuestión que debe de estar en segundo plano cuando tienes que garantizar el derecho a una vida digna, pero eso no ocurre. No son suficientes (las iniciativas), las miradas que tenemos de las personas con discapacidad son muy limitadas, se requiere una mirada que reconozca la complejidad del mundo de este grupo poblacional”, declaró el catedrático de la Ibero, Rafael García.
El académico agregó que las instituciones educativas, en específico las que imparten educación superior, no cuentan con infraestructura adecuada para incluir a la diversidad de personas con discapacidad, razón que limita su integración a centros educativos. Ejemplificó que deberían de contar con lectores especiales para personas con discapacidad visual e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) para personas con discapacidad auditiva.
En materia laboral, la propuesta más reciente pretende que la Secretaría del Trabajo en el estado impulse acciones entre sector público, social y privado para la creación y desarrollo de bolsas de trabajo, así como becas de empleo para este sector.
En este sentido, el presidente de la ACRIP, Alejandro Ramírez, dijo que se debe analizar a fondo la propuesta del legislador ya que, desde su óptica, “falta que aterricen bien las cosas. Nosotros sabemos que somos pan sensible para la sociedad y bandera de políticos, no nos ofende y tampoco nos preocupa, ya estamos acostumbrados a ello”.
Incluso, subrayó que algunos integrantes de la asociación optan por trabajar en las calles, ya sea tocando algún instrumento o vendiendo comida, pese a que ponen en riesgo su integridad.
“Algunos salen a las calles a pedir dinero porque no hay de otra, no hay oportunidad de trabajar en alguna empresa y se debe de llevar el sustento a la casa, solo como ambulantes se puede lograr, aunque se corre el riesgo de ser asaltados o agredidos, es más, las calles no están diseñadas para nosotros, desde ahí se está en peligro”, expuso.
Añadió que las personas con discapacidad no tienen acceso a una alimentación de calidad. De acuerdo con el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 64.2 por ciento de las personas con discapacidad en territorio poblano vivía en situación de pobreza, es decir, sin acceso a la canasta básica.
En material de movilidad, Maricela Rojas Macuil, fundadora de la asociación Olga Ramos, que apoya a este sector de la población, declaró que son pocos los impulsos que les incluyen, y cuando lo hacen, privilegian a la discapacidad motriz, cuando existe una amplia diversidad de enfermedades.
“La movilidad es un tema (al) que deberían de prestar atención. Las personas no tienen acceso al transporte público. Una silla de ruedas no entra por la puerta, una persona con discapacidad visual no puede acceder, no hay estaciones donde las personas ciegas puedan leer en braille o algún sonido que les indique la ruta y el camión que los transporta. Tampoco hay semáforos sonoros en la ciudad para que puedan cruzar las calles”, enfatizó.
Hay que destacar que en el plan de modernización del transporte público en el estado no está incluido algún beneficio para las personas con discapacidad, como ampliación de espacios para personas en silla de ruedas o algún sistema sonoro que les ayude a trasladarse con facilidad.
PRIORIZAN CENSO E INTEGRACIÓN AL DEPORTE
La primera iniciativa la expuso el diputado panista Rafael Micalco Méndez, en diciembre del año pasado, y busca reformar fracciones del artículo 9 y 46 de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, para que la Secretaría del Trabajo en el estado impulse acciones entre sector público, social y privado para la creación y desarrollo de bolsas de trabajo, así como becas de empleo para este sector.
La segunda iniciativa se presentó en febrero de este año por parte de la panista Karla Rodríguez Palacios y pretende reformar el artículo 12 y adicionar una fracción en el mismo artículo de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla.
La intención es crear y ejecutar programas de capacitación, asesoría, acompañamiento y apoyo psicológico a las personas que ejercen la patria potestad de seres con discapacidad, con la finalidad de garantizar una mejor calidad de vida.
La tercera iniciativa la impulsó el petista Miguel Octaviano Huerta Rodríguez. Esta busca reformar fracciones de los artículos 6 y 8, así como adicionar fracciones del artículo 8 y 4 de la mencionada ley, con la finalidad de que el gobierno del estado cuente con un listado de personas con discapacidad.
A este se suma el documento presentado en mayo de este año por el priista Néstor Camarillo Medina, que pretende reformar el artículo 27 de la Ley Estatal del Deporte para garantizar la accesibilidad al deporte.
Por último, el diputado morenista, Iván Herrera Villagómez, incluyó a este sector en su propuesta de beneficiarlos con descuentos del 50 por ciento en el pago del servicio de agua potable en la entidad, misma que presentó en mayo de 2022.
EN LA CONGELADORA SIETE INICIATIVAS
La LX Legislatura dejó siete iniciativas en la materia sin dictaminar, entre ellas reformas a la ley para promover acciones afirmativas que impulsen el desarrollo de las mujeres con discapacidad, así como una reforma en materia laboral.
Además de una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para que las personas imputadas, víctimas, denunciantes y testigos con discapacidad auditiva, tengan acceso a intérpretes y traductores.
EL TROPIEZO MÁS RECIENTE
En la última semana se dio a conocer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso poblano por la Ley del Servicio de la Defensoría Pública de Puebla, aprobada recientemente, debido a que el organismo consideró que los diputados transgredieron los derechos de los discapacitados, pues no fueron consultados en las modificaciones de dicha ley.
La norma en cuestión dice que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”, pero si la persona inculpada es indígena y tiene una discapacidad auditiva o visual, podrá “solicitar un intérprete de lengua de señas mexicana o la emisión de documentos en sistema de escritura Braille”.
Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos esta modificación viola la consulta previa, estrecha y activa de las personas con discapacidad, ya que están dirigidas específicamente a los indígenas y a las personas con problemas visuales-auditivos, cuando las discapacidades no sólo se centran en esas dos. Es decir, que nuevamente los están excluyendo y marginando.
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