/ miércoles 21 de julio de 2021

Congreso no escucha a familias de desaparecidos, ni las cifras les son suficientes

Pese a las cifras y a que no hay impedimentos legales para votar la iniciativa, los legisladores no han sesionado para impulsar la ley

Ni las alarmantes cifras de desaparecidos ni el plantón de las familias son suficientes para que el Congreso de Puebla convoque a una sesión extraordinaria con el fin de aprobar la Ley en Materia de Desaparición de Personas, toda vez que no existe impedimento jurídico para armonizar la legislación local con la federal.

María Luisa Núñez Barojas, fundadora del colectivo La Voz de los Desaparecidos, es una de las principales impulsoras de la iniciativa que elaboraron con el apoyo de la Universidad Iberoamericana Puebla y la diputada de Morena, Estefanía Rodríguez Sandoval que la presentó ante el Congreso el 15 de julio de 2020.

Desde entonces la propuesta fue turnada a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Derechos Humanos, pero solo esta última ha escuchado las exigencias de las madres, tías, hermanas y esposas de víctimas de desaparecidos que suplican la aprobación de la ley y no esperar la del gobernador Miguel Barbosa Huerta, a quien la mayoría de Morena y PT aprueba todo.

El colectivo La Voz de los Desaparecidos entregó más de 6 mil firmas a un grupo de diputados de Morena, el PAN y PRI que el 15 de julio en la última sesión plenaria salieron a escuchar los reclamos. Desde aquel día las familias mantienen un plantón afuera del Congreso para exigir que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones, antes del 14 de septiembre que concluye la legislatura.

CASI 3 MIL PERSONAS DESAPARECIDAS

Los números causan alarma. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en la entidad existen al menos 2 mil 998 personas desparecidas. Puebla ocupa el segundo lugar nacional con más casos de mujeres desaparecidas y el tercero con más reportes de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.

El informe más reciente de la Fiscalía General del Estado tampoco es alentador, pues revela que en los primeros seis meses del año hubo 661 desapariciones en la entidad, es decir, se registró al menos una desaparición cada 3.6 días.

Pese a las cifras, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Nora Merino Escamilla, que tiene en sus manos la decisión de convocar a una sesión extraordinaria, ha dicho que las responsables de discutir y dictaminar la ley son las comisiones de Procuración y de Derechos Humanos.

La coordinadora de los diputados de Morena confirmó que esperan la iniciativa de Barbosa en materia de desaparecidos y aseguró que no habrá trato preferencial pues esta se discutirá y en su caso dictaminará junto con la de Estefanía Rodríguez, que recibió observaciones de la ONU, Cruz Roja y la Ibero Puebla.

“Soy respetuosa de cualquier manifestación que se esté dando en el marco de una exigencia legítima que tienen los colectivos. Pero son las diputadas de las comisiones las que están trabajando el tema”, dijo Merino, al señalar que no hay una fecha tentativa para discutir la ley, ya que los diputados deben apegarse a lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

FALTA DE COMPETENCIA EL ARGUMENTO

El argumento de la Comisión de Procuración es que el Congreso del Estado tiene un impedimento jurídico para legislar en la materia, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que sancionar el delito de desaparición forzada de personas es competencia exclusiva del Congreso de la Unión.

Sin embargo, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla, ha señalado que no hay impedimento en la decisión de la Corte ni de la Ley General de Desaparición para que los diputados emitan la ley local.

Al respecto, la presidenta de la comisión, María del Carmen Cabrera Camacho, aseguró que en el proceso de dictaminación se han realizado mesas de trabajo y reuniones interinstitucionales con diferentes dependencias gubernamentales.

OTRAS EXIGENCIAS

No solo las familias de las víctimas exigen aprobar la ley estatal, sino también el gobierno federal que pidió al Congreso avalar el decreto, al señalar que cumple con lo establecido por los estándares internaciones y la normativa en la materia.

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, pidió concluir con la aprobación con el fin de dar certeza sobre la actuación de las autoridades y los derechos de las personas desaparecidas y sus familias.

¿QUÉ DICE LA INICIATIVA?

Pero a todo esto ¿qué propone la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla? A grandes rasgos, la reparación integral del daño a víctimas y familiares, un fondo estatal para búsqueda, un registro estatal de fosas, la creación de un Mecanismo Estatal y una Fiscalía Especializada.

Plantea distribuir competencias y las formas de coordinación entre los entes públicos del Estado y sus municipios para buscar a las personas desaparecidas y esclarecer los hechos; así como prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada y la cometida por particulares.

Propone que el fondo estatal reciba cada año al menos 0.05 por ciento del presupuesto total del Estado y obtenga recursos de la enajenación de bienes decomisados por su relación con delitos en materia de desaparición.

Las medidas de reparación consisten en construir monumentos en memoria de las víctimas, una disculpa pública del Estado, los autores y otras personas involucradas, atención médica, psicológica y psiquiátrica y la no repetición.

Ni las alarmantes cifras de desaparecidos ni el plantón de las familias son suficientes para que el Congreso de Puebla convoque a una sesión extraordinaria con el fin de aprobar la Ley en Materia de Desaparición de Personas, toda vez que no existe impedimento jurídico para armonizar la legislación local con la federal.

María Luisa Núñez Barojas, fundadora del colectivo La Voz de los Desaparecidos, es una de las principales impulsoras de la iniciativa que elaboraron con el apoyo de la Universidad Iberoamericana Puebla y la diputada de Morena, Estefanía Rodríguez Sandoval que la presentó ante el Congreso el 15 de julio de 2020.

Desde entonces la propuesta fue turnada a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Derechos Humanos, pero solo esta última ha escuchado las exigencias de las madres, tías, hermanas y esposas de víctimas de desaparecidos que suplican la aprobación de la ley y no esperar la del gobernador Miguel Barbosa Huerta, a quien la mayoría de Morena y PT aprueba todo.

El colectivo La Voz de los Desaparecidos entregó más de 6 mil firmas a un grupo de diputados de Morena, el PAN y PRI que el 15 de julio en la última sesión plenaria salieron a escuchar los reclamos. Desde aquel día las familias mantienen un plantón afuera del Congreso para exigir que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones, antes del 14 de septiembre que concluye la legislatura.

CASI 3 MIL PERSONAS DESAPARECIDAS

Los números causan alarma. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en la entidad existen al menos 2 mil 998 personas desparecidas. Puebla ocupa el segundo lugar nacional con más casos de mujeres desaparecidas y el tercero con más reportes de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.

El informe más reciente de la Fiscalía General del Estado tampoco es alentador, pues revela que en los primeros seis meses del año hubo 661 desapariciones en la entidad, es decir, se registró al menos una desaparición cada 3.6 días.

Pese a las cifras, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Nora Merino Escamilla, que tiene en sus manos la decisión de convocar a una sesión extraordinaria, ha dicho que las responsables de discutir y dictaminar la ley son las comisiones de Procuración y de Derechos Humanos.

La coordinadora de los diputados de Morena confirmó que esperan la iniciativa de Barbosa en materia de desaparecidos y aseguró que no habrá trato preferencial pues esta se discutirá y en su caso dictaminará junto con la de Estefanía Rodríguez, que recibió observaciones de la ONU, Cruz Roja y la Ibero Puebla.

“Soy respetuosa de cualquier manifestación que se esté dando en el marco de una exigencia legítima que tienen los colectivos. Pero son las diputadas de las comisiones las que están trabajando el tema”, dijo Merino, al señalar que no hay una fecha tentativa para discutir la ley, ya que los diputados deben apegarse a lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

FALTA DE COMPETENCIA EL ARGUMENTO

El argumento de la Comisión de Procuración es que el Congreso del Estado tiene un impedimento jurídico para legislar en la materia, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que sancionar el delito de desaparición forzada de personas es competencia exclusiva del Congreso de la Unión.

Sin embargo, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla, ha señalado que no hay impedimento en la decisión de la Corte ni de la Ley General de Desaparición para que los diputados emitan la ley local.

Al respecto, la presidenta de la comisión, María del Carmen Cabrera Camacho, aseguró que en el proceso de dictaminación se han realizado mesas de trabajo y reuniones interinstitucionales con diferentes dependencias gubernamentales.

OTRAS EXIGENCIAS

No solo las familias de las víctimas exigen aprobar la ley estatal, sino también el gobierno federal que pidió al Congreso avalar el decreto, al señalar que cumple con lo establecido por los estándares internaciones y la normativa en la materia.

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, pidió concluir con la aprobación con el fin de dar certeza sobre la actuación de las autoridades y los derechos de las personas desaparecidas y sus familias.

¿QUÉ DICE LA INICIATIVA?

Pero a todo esto ¿qué propone la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla? A grandes rasgos, la reparación integral del daño a víctimas y familiares, un fondo estatal para búsqueda, un registro estatal de fosas, la creación de un Mecanismo Estatal y una Fiscalía Especializada.

Plantea distribuir competencias y las formas de coordinación entre los entes públicos del Estado y sus municipios para buscar a las personas desaparecidas y esclarecer los hechos; así como prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada y la cometida por particulares.

Propone que el fondo estatal reciba cada año al menos 0.05 por ciento del presupuesto total del Estado y obtenga recursos de la enajenación de bienes decomisados por su relación con delitos en materia de desaparición.

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