El Congreso del Estado aprobó en el Pleno las reformas a la Ley de Aguas del Estado de Puebla que le devuelve al Poder Legislativo la facultad de fijar las tarifas por el servicio de agua potable y que permite que los usuarios puedan pagar sus recibos de forma bimestral y no mensualmente como se realiza actualmente.
Con esta modificación se revierte la reforma aprobada en 2014 que les quitó esta facultad a los diputados para que fuera la empresa Concesiones Integrales, mejor conocida como Agua de Puebla para Todos, quien fijara los precios.
Dicha reforma se aprobó con 25 votos a favor, de los cuales 22 fueron de los diputados de “Juntos haremos historia” y tres de los diputados del PRI, Rocío García Olmedo, Nibardo Sánchez Hernández y Josefina García Hernández.
Los diputados de “Por Puebla al Frente” (PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y Nueva Alianza) la votaron en contra; mientras que el diputado del PRI Javier Casique Zárate; de Movimiento Ciudadano, Carlos Morales Álvarez; y del Partido Verde, Juan Pablo Kuri Carballo, optaron por votar en abstención.
En representación de los diputados del Frente, el diputado de Nueva Alianza, Jonathan Collantes Cabañas, explicó que la razón del voto en contra es que no hubo la información suficiente para dictaminar que sea el Congreso quien defina las tarifas, por lo que incluso advirtió que esta reforma también podría ser observada por el gobierno del estado.
NUEVAS TARIFAS HASTA 2019
El presidente de la Mesa Directiva, José Juan Espinosa Torres, reconoció que sería hasta el siguiente año cuando apliquen las nuevas tarifas por el servicio de agua potable y confió que esta reforma no sea vetada por el gobernador, Antonio Gali Fayad.
“Hoy lo más importante es que para 2019 logremos disminuir las tarifas de agua, logrando que el acuerdo tarifario pase por el Congreso del Estado como sucede con todos los Ayuntamientos y sistemas operadores de agua del estado de Puebla”.
EXHORTAN A TSJ INFORMAR SOBRE LICENCIA DE MAGISTRADO
En la misma sesión también se aprobó un exhorto dirigido al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, para que informe sobre la licencia otorgada al magistrado Héctor Raymundo Mancilla Amaro por un periodo mayor a 30 días, sin la autorización del Congreso local.
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