A 21 días de que el Cabildo de Puebla aprobara el exhorto al Congreso del Estado para revisar inconsistencias en la Ley de Ingresos de 2021 para el municipio de Puebla, la comuna no ha recibido alguna respuesta referente al tema, aseguró el titular de la Tesorería Municipal Armando Morales Aparicio, quien agregó que continúan en espera de lo que emita el Congreso referente a este asunto.
Durante conferencia de prensa refirió que los diputados deben revisar los ingresos que se establecen, pues existe una confusión en cuanto a las cifras, ya que en dos de ellas hay discrepancias, en una se hace mención sobre 4 mil 609 millones de pesos con el pago del DAP y en otra se disminuye a 140 millones menos referente a la eliminación de este concepto, por tanto, se espera que se detalle y se aclaren estas incongruencias en el documento.
“Más que la respuesta, el tema del Dap es sobre todo el exhorto que se realizó a través del honorable cabildo en relación a la ley de ingresos, se encontraron algunas discrepancias que fueron modificaciones que se realizaron posteriormente cuando llegó al Congreso del Estado y en ese sentido la precisión que se solicitaba era conocer cuál era el monto que estaba determinando el congreso del Estado y estamos en espera, no hemos recibido aún la respuesta por parte del Congreso del Estado”, dijo.
Fue el 20 de enero cuando en sesión de Cabildo, se aprobó solicitar al Congreso un nuevo análisis por la eliminación del concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP) de la ley de Ingresos de 2021, puesto que señalaron que el cobro del alumbrado público no es inconstitucional y con esta eliminación se dejaría de recibir 140 millones de pesos para el municipio.
Cabe recordar que el pasado 14 de diciembre de 2020, el Congreso de Puebla hizo modificaciones a la Ley de Ingresos 2021, las cuales eliminaron 25 pagos de derecho, entre los que destaca el concepto de Derecho de Alumbrado Público.
No obstante, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Nora Merino Escamilla argumentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en 2020 dicho pago es competencia del gobierno federal y el Congreso de la Unión.
