El Consejo Poblano de Ministros se mostró en contra de la propuesta del diputado local Carlos Alberto Evangelista Aniceto, con la que pretende sancionar de uno a tres años de prisión y multas de hasta 19 mil pesos para las personas que hagan terapias de conversión en contra de la comunidad LGBT en el estado de Puebla.
En conferencia de prensa, el presidente del consejo, Alejandro del Rey, consideró que el dictamen que se someterá a la aprobación de los legisladores atenta contra su libertad de culto y el derecho a corregir el presunto problema que tiene una persona cuando su orientación sexual no es heterosexual.
Subrayó que los pastores no cometen ningún delito por ofrecer una orientación a las personas para desengañarlos y que puedan vivir una vida apegada a los principios morales y formar una familia como lo establece la religión.
“Es una forma violenta y agresiva en la que se trata de amordazar e impedir que se ayude a las personas que tienen este tipo de problema. Que si fueron cautivados y piensen en un adolescente, niña o niño que no tiene clara su identidad y hay adultos que todavía batallan con su identidad y es mal informado o engañado y resulta que no se le pude aconsejar”, comentó.
Insistió en que las pláticas que brindan en ningún momento ejercen algún tipo de violencia física, verbal o psicológica, además, quienes acuden lo hacen de manera voluntaria y sin ningún tipo de presión.
Asimismo, aseguró que las consejerías religiosas que ofrecen están sustentadas por estudios científicos para hacer la voluntad de Dios, no obstante, no mencionó alguna investigación que sustentara lo que dijo.
En ese sentido, señaló que el dictamen también criminaliza a los padres, consejeros espirituales o cualquier persona que busque ayuda para afirmar su identidad.
"Este dictamen pretende quitarnos el derecho a enseñarles científicamente y espiritualmente a nuestros hijos que Dios los hizo perfectos, que son una obra divina y que la ciencia lo comprueba, que el testigo legal de muchos lo confirman, y que toda la creación lo aprueba", sentenció.
Ante esto, demandó a los diputados locales reconsiderar su postura y rechazar el dictamen aprobado por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia el 24 de mayo.
Esta postura se sumó a la de la Asociación de Padres de Familia de Puebla, Mujeres de iniciativa e Iniciativa Ciudadana, quienes de igual forma se pronunciaron en contra de la iniciativa del diputado Carlos Alberto Evangelista Aniceto.
