Solo siete de las 122 empresas generadoras de residuos peligrosos, registradas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y que están ubicadas en municipios poblanos por donde fluye el Río Atoyac, cumplen con sus obligaciones en materia de impacto y riesgo ambiental.
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Hasta mayo de 2024, la Semarnat identificó 122 fuentes de residuos peligrosos en 10 de los 22 municipios poblanos ubicados en la Cuenca del Alto Atoyac: Puebla, Cuautlancingo, Tlahuapan, San Andrés Cholula, San Salvador El Verde, San Martín Texmelucan, Coronango, Huejotzingo, San Pedro Cholula y Ocoyucan, de acuerdo con la solicitud de información 330026724002209.
De estos, la Semarnat solo autorizó una Licencia Ambiental Única (LAU) y seis actualizaciones de dicho trámite, el cual reúne obligaciones en materia de impacto y riesgo ambiental, así como reportes sobre las emisiones a la atmósfera, generación y tratamiento de residuos peligrosos, que los responsables de las industrias deben cumplir con la dependencia.
El resto de las empresas de las que tiene registro la Semarnat, 115, no cumplen con este instrumento de regulación. Sin embargo, el número puede ser mucho mayor, estiman académicas y activistas.
Autoridades, débiles en cuidado del Atoyac
Ni siquiera el 10 por ciento de las empresas registradas por la Semarnat cumplen con sus obligaciones ambientales. Esto, además de detonar impactos ambientales severos, evidencia la debilidad de las autoridades federales en el control y supervisión de los residuos que se arrojan al río, opina Verónica Mastretta, consejera de la organización Dale la Cara al Atoyac.
Explica que la LAU no solo regula lo que una empresa deshecha, sino que ayuda a la dependencia a supervisar qué sustancias está generando y cómo dispone de ellas, es decir, si les da un tratamiento. Por ello, su autorización resulta imprescindible para los asentamientos industriales que están en la Cuenca.
La gestión ambiental de la administración federal que se va no fue poderosa, al contrario, fue débil, tiene que existir un proyecto sólido para los siguientes seis años, que no solo esté diseñado en papel insiste.
“Es momento de que el gobierno federal tome cartas en el asunto y vigile cada descarga de agua, porque si solo hay una licencia realmente es un infierno ambiental, nos preocupa el nivel de contaminación que tiene el Atoyac y su efecto en la salud”, agrega María Eugenia Ochoa García, académica y activista del Grupo Promotor de la Contraloría Autónoma del Agua de Puebla.
Disparidad en registros obstaculizan atención
El pasado mes de mayo, académicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), a través del “Primer Informe Estratégico Cuenca del Alto Atoyac: Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental; problemática socioambiental y recomendaciones para su atención integral”, revelaron que la densidad industrial que se ubica en la Cuenca (entre Puebla y Tlaxcala), hasta el año 2023, estaba conformada por 22 mil 235 empresas manufactureras, automotrices y textiles, de las que apenas el 1.09 por ciento de dichas empresas, que están sujetas a inspección federal, reportan sus emisiones y transferencias de sustancias tóxicas a la Semarnat.
Aunque la Semarnat reconoce que apenas el 8.54 por ciento de las empresas en Puebla reportan sus emisiones, no tiene un registro total de las fuentes de contaminantes que operan en la zona, pues detectar solo 122 en 10 municipios poblanos es un subregistro de la realidad y una diferencia abismal con lo reportado por el Conahcyt.
Esta disparidad de información se volvió un obstáculo para atacar el problema central: la contaminación del Atoyac y los impactos de salud que está provocando en la población que habita cerca de este río, advierte Mastretta.
Además, las lagunas de información permitieron el paso de la negligencia de diversas autoridades, especialmente municipales, las cuales han sido omisas en poner en marcha plantas de tratamiento de aguas residuales y en reportar lo que sucede en sus territorios.
“Ante la fractura de información, todos tienen un pretexto”, sentencia.
Urge homologar información
Las activistas coinciden en que, para resolver este problema, es necesario que la Federación comience con la homologación de los registros sobre las fuentes de contaminantes en la Cuenca, tanto en la entidad poblana, como en Tlaxcala.
Ochoa reitera que la debilidad del gobierno federal no debe replicarse en el siguiente sexenio, pues los daños ambientales son cada vez más graves y difíciles de atender.
“Tiene que haber una transformación completa, que tanto la Semarnat como Conagua tomen cartas en el asunto y que todos los registros sean renovados, hacemos un llamado urgente”, señala.
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Esta homologación no solo debe ser entre las autoridades federales y la academia, sino también con el gobierno estatal y los ayuntamientos de aquellos territorios donde está ubicado el caudal. A partir de este registro completo, puede iniciar un diagnóstico y, en adelante, una línea de acción.
