Por estar “acorralado legalmente”, y no por generar un apoyo a la economía familiar, fue que el Ayuntamiento de San Andrés Cholula suspendió de forma definitiva los parquímetros virtuales que operaban en la zona de Ciudad Judicial, afirmaron integrantes de la Asociación de Abogados de Cholula.
En entrevista, la presidenta de dicho organismo, Angélica Carranco, asentó que el gobierno sanandreseño decidió dar marcha atrás al cobro de ese esquema de movilidad urbana porque sabía que había cometido un acto de falsedad ante la autoridad judicial, al negar en primera instancia ese cobro y luego aceptar que sí lo administraba, como quedó confirmado con la presentación del contrato signado con una empresa especializada en el rubro.
“El cabildo sesionó con urgencia para dejar sin efecto los parquímetros el mismo día que presentó el contrato de la empresa y demostró que sí era el responsable de ese servicio, pero pese a esa determinación, que no para todos representa una sorpresa, porque no lo es, la Asociación de Abogados de Cholula seguirá el juicio de amparo que desde el 11 de septiembre del año pasado se ingresó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil, en contra de eso cobro en la vía pública, porque aún está en espera la audiencia constitucional y la sentencia”, sumó.
También añadió que los integrantes del Cabildo sanandreseño podrían hacerse acreedores a sanciones marcadas en el artículo 262 de la Ley de Amparo, tras cometer un acto de falsedad en sus declaraciones, las cuales podrían ir desde enfrentar una multa económica de 50 a 500 días de salario hasta hacerse acreedores a inhabilitaciones para ocupar algún cargo público y algunos años de prisión.
La declarante mencionó que, finalmente, el amparo interpuesto por la Asociación de Abogados de Cholula en contra de los parquímetros de Ciudad Judicial cumplió su objetivo, porque definitivamente la autoridad local los canceló al regresar a un esquema de gratuidad unos 800 cajones, trazados en la vía pública.
Por su parte, el vocero de este grupo de abogados, Susano Toxqui, afirmó que el Cabildo sanandreseño al verse “acorralado” decidió dar marcha atrás a ese programa, pero aun con esa decisión deberá responder a las posibles consecuencias que tendrían lugar, por proporcionar información errónea a un juez federal.