El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, anunció que ya se estableció una ruta jurídica para el análisis de la concesión del agua que derivará en la recomposición del servicio, ya que con ese contrato nunca se van a satisfacer las necesidades del vital líquido en la capital y zona conurbada.
“No es con declaraciones, no es con acuerdos de Cabildo, créanme que este es un asunto de alto calado, quienes participaron en nombre del estado, lo comprometieron de una manera terrible, acotaron la competencia para resolver los litigios de ese asunto hasta con tribunales internacionales, hicieron todo para crear un esquema, de tal suerte que fuera muy complicada la rescisión del contrato”, dijo.
Previo a iniciar la jornada de atención ciudadana, el gobernador señaló que tuvo su primera entrevista con los directivos de Agua de Puebla y dejó su postura muy clara para ver por los intereses del estado, pues quien hizo el contrato comprometió a la entidad.
El mandatario sostuvo que el agua es un derecho, no un negocio, en ese sentido, no tendrá temor de ejercer sus atribuciones, por lo que el análisis será de fondo, en el ámbito jurídico, financiero, contable, de impacto social y de impacto político, para determinar el destino de la concesión del agua y mejorar el servicio en toda la zona conurbada de Puebla.
“Ya establecimos una ruta, vamos a tener un despacho jurídico, litigio estratégico, un despacho financiero, un despacho contable y vamos a asumir las mejores decisiones, tiene que haber una ruta determinada si es que se toma la decisión de actuar de manera frontal, hasta reformas legislativas”, apuntó.
Miguel Barbosa reiteró que la decisión sobre la concesión del agua está en manos del gobierno del estado, no obstante, el ayuntamiento de Puebla que encabeza Claudia Rivera Vivanco tiene la “representación popular y política” para pronunciarse sobre el tema, ya que éste es un servicio municipal.
El mes pasado, fue entregado a medios de comunicación el contrato de Agua de Puebla, en el que se confirma que el periodo de actuación de la empresa con la razón social “Concesiones Integrales” estaría en vigor hasta el 2034; mientras otorga el servicio, sólo otorga una contraprestación mensual del 5 por ciento al estado.
