/ lunes 12 de agosto de 2019

Cumple un año cerrada la alcaldía de Cuyoaco

Exalcalde enfrenta auditorías por presuntas irregularidades

Con la alcaldía cerrada desde hace un año, se mantiene el conflicto en el municipio de Cuyoaco, luego de que pobladores decidieron tomar la presidencia el 5 de agosto de 2018 e implementar cierres de la autopista Puebla-Teziutlán. Esto, ante la suspensión del servicio del agua potable por un adeudo de 1.4 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y para exigir la salida del entonces presidente municipal José Luis Rechy Tirado, quien dejó el cargo a su hija Anabel Rechy Benavidez.

El conflicto derivó, luego de que en julio de 2018, después de las elecciones municipales, casi la mitad de la población se quedó sin el servicio de agua potable. La carencia se prolongó por más de 20 días y llevó a los pobladores a realizar una junta vecinal para solicitar el restablecimiento del servicio, detectando que la CFE había cortado la energía eléctrica en los pozos de agua, debido a un adeudo del ayuntamiento, además de que una de las bombas se encontraba descompuesta.

Aquel 5 de agosto los vecinos acudieron a la presidencia en busca de una respuesta del alcalde, quien no se encontraba en el sitio por ser día domingo, pero -aunque fue requerida su presencia-, tampoco se presentó a dialogar. Los inconformes, entonces, decidieron cerrar la alcaldía y quemar dos patrullas municipales. El conflicto se agudizó.

Inconformes por el triunfo electoral de la hija del alcalde y además por la situación de los servicios públicos, vecinos de la cabecera y algunas comunidades del municipio tomaron al siguiente día –lunes 6 de agosto- la carretera federal y la autopista a Teziutlán. Los cierres se prolongaron durante toda la semana, con excepción de las noches, hasta la intervención del gobierno del estado.

Pese al intento de establecer mesas de diálogo, el alcalde simplemente no se presentaba a las reuniones convocadas por la entonces Secretaría General de Gobierno (SGG), que estaba a cargo de Diódoro Carrasco Altamirano. Aun así, los bloqueos fueron destrabados con la reinstalación del servicio de agua durante la semana siguiente y el reparto con pipas de agua.

Finalmente, la misma dependencia estatal tuvo que intervenir para llevar a cabo una negociación y compromiso de pago por parte del Ayuntamiento, a fin de restablecer el servicio de energía; sin embargo, los inconformes mantuvieron la protesta frente a la presidencia municipal, donde llegaron a instalar un plantón, con la exigencia de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) revisara las cuentas públicas de José Luis Rechy y con la advertencia de que no dejarían tomar protesta a su hija.

Para el 15 de octubre de 2018, fecha en que se realizaron los cambios de gobierno en los ayuntamientos, Anabel Rechy Benavidez tuvo que rendir protesta como nueva alcaldesa, en un inmueble que es propiedad de su padre, mismo que fue ocupado para trasladar las funciones de la presidencia municipal, ante el bloqueo permanente de la alcaldía. De acuerdo con vecinos del municipio, las oficinas fueron rentadas por el mismo exalcalde, con el aval del Cabildo, y hasta la fecha siguen siendo ocupadas como oficinas administrativas.

Tras el cambio de gobierno del estado, las administraciones de Antonio Gali Fayad, Martha Erika Alonso Hidalgo, el encargado de despacho Jesús Rodríguez Almeida y el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, pasaron por alto el conflicto en el ayuntamiento, por lo que al cumplirse un año las instalaciones siguen cerradas.

IRREGULARIDADES EN CUENTAS PÚBLICAS

Derivado del conflicto, la Auditoría Superior del Estado intervino el mismo mes de agosto de 2018 para realizar las revisiones al ejercicio de los recursos públicos del entonces alcalde, detectando irregularidades en las cuentas de 2014 y 2015, los dos primeros del gobierno municipal, por lo cual fueron ordenados dos Inicios dos de Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades (IPDR), en la sesión del 31 de agosto en el Congreso del Estado.

La ASE dejó abiertas, además, las investigaciones de los años posteriores de la administración del emanado de las filas de Compromiso Por Puebla (CPP), de los cuales –trascendió- falta por comprobar un monto de más de 2.8 millones de pesos del 2016.

Cabe destacar que la administración de José Luis Rechy tuvo una duración de 4 años y 8 meses –por la homologación del periodo electoral-, que abarcó del 15 de febrero de 2014 al 15 de octubre de 2018.

Con la alcaldía cerrada desde hace un año, se mantiene el conflicto en el municipio de Cuyoaco, luego de que pobladores decidieron tomar la presidencia el 5 de agosto de 2018 e implementar cierres de la autopista Puebla-Teziutlán. Esto, ante la suspensión del servicio del agua potable por un adeudo de 1.4 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y para exigir la salida del entonces presidente municipal José Luis Rechy Tirado, quien dejó el cargo a su hija Anabel Rechy Benavidez.

El conflicto derivó, luego de que en julio de 2018, después de las elecciones municipales, casi la mitad de la población se quedó sin el servicio de agua potable. La carencia se prolongó por más de 20 días y llevó a los pobladores a realizar una junta vecinal para solicitar el restablecimiento del servicio, detectando que la CFE había cortado la energía eléctrica en los pozos de agua, debido a un adeudo del ayuntamiento, además de que una de las bombas se encontraba descompuesta.

Aquel 5 de agosto los vecinos acudieron a la presidencia en busca de una respuesta del alcalde, quien no se encontraba en el sitio por ser día domingo, pero -aunque fue requerida su presencia-, tampoco se presentó a dialogar. Los inconformes, entonces, decidieron cerrar la alcaldía y quemar dos patrullas municipales. El conflicto se agudizó.

Inconformes por el triunfo electoral de la hija del alcalde y además por la situación de los servicios públicos, vecinos de la cabecera y algunas comunidades del municipio tomaron al siguiente día –lunes 6 de agosto- la carretera federal y la autopista a Teziutlán. Los cierres se prolongaron durante toda la semana, con excepción de las noches, hasta la intervención del gobierno del estado.

Pese al intento de establecer mesas de diálogo, el alcalde simplemente no se presentaba a las reuniones convocadas por la entonces Secretaría General de Gobierno (SGG), que estaba a cargo de Diódoro Carrasco Altamirano. Aun así, los bloqueos fueron destrabados con la reinstalación del servicio de agua durante la semana siguiente y el reparto con pipas de agua.

Finalmente, la misma dependencia estatal tuvo que intervenir para llevar a cabo una negociación y compromiso de pago por parte del Ayuntamiento, a fin de restablecer el servicio de energía; sin embargo, los inconformes mantuvieron la protesta frente a la presidencia municipal, donde llegaron a instalar un plantón, con la exigencia de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) revisara las cuentas públicas de José Luis Rechy y con la advertencia de que no dejarían tomar protesta a su hija.

Para el 15 de octubre de 2018, fecha en que se realizaron los cambios de gobierno en los ayuntamientos, Anabel Rechy Benavidez tuvo que rendir protesta como nueva alcaldesa, en un inmueble que es propiedad de su padre, mismo que fue ocupado para trasladar las funciones de la presidencia municipal, ante el bloqueo permanente de la alcaldía. De acuerdo con vecinos del municipio, las oficinas fueron rentadas por el mismo exalcalde, con el aval del Cabildo, y hasta la fecha siguen siendo ocupadas como oficinas administrativas.

Tras el cambio de gobierno del estado, las administraciones de Antonio Gali Fayad, Martha Erika Alonso Hidalgo, el encargado de despacho Jesús Rodríguez Almeida y el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, pasaron por alto el conflicto en el ayuntamiento, por lo que al cumplirse un año las instalaciones siguen cerradas.

IRREGULARIDADES EN CUENTAS PÚBLICAS

Derivado del conflicto, la Auditoría Superior del Estado intervino el mismo mes de agosto de 2018 para realizar las revisiones al ejercicio de los recursos públicos del entonces alcalde, detectando irregularidades en las cuentas de 2014 y 2015, los dos primeros del gobierno municipal, por lo cual fueron ordenados dos Inicios dos de Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades (IPDR), en la sesión del 31 de agosto en el Congreso del Estado.

La ASE dejó abiertas, además, las investigaciones de los años posteriores de la administración del emanado de las filas de Compromiso Por Puebla (CPP), de los cuales –trascendió- falta por comprobar un monto de más de 2.8 millones de pesos del 2016.

Cabe destacar que la administración de José Luis Rechy tuvo una duración de 4 años y 8 meses –por la homologación del periodo electoral-, que abarcó del 15 de febrero de 2014 al 15 de octubre de 2018.

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