Con el regreso a clases presenciales revivió un tema que durante años ha estado en discusión, sobre si es legal o no que las instituciones de educación pública condicionen la inscripción de los alumnos al pago de "cuotas voluntarias”, pero esto ya ha sido legislado en diversas ocasiones.
En el año 2012 el entonces diputado priista Jaime Chris López Alvarado presentó una reforma a los artículos 6o. y 67 de la Ley General de Educación y 218 del Código Penal Federal.
El legislador en su justificación refirió que desde la constitución de 1857 y posteriormente en 1917, se confirió a los mexicanos el beneficio de la educación bajo los principios de laicidad, democracia, nacionalidad y gratuidad, bajo el artículo 3o.
Afirma que el derecho a la educación forma parte de los derechos humanos fundamentales, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizarla.
En el documento recordó que el derecho a la educación es reconocido y protegido a nivel internacional en documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención por los Derechos del Niño y la Convención contra la Discriminación en Educación.
Destacando que en todas las anteriores se habla de la gratuidad de la educación, al igual que sucede en la Ley General de Educación, pero contrario a esto dicho principio se ha visto violentado por “funcionarios corruptos”, según señala, que hostigan, limitan o condicionan a los padres de familia con “cuotas voluntarias”.
Apunta a que se amparan bajo la justificación de que dicho monto es para que el plantel educativo siga en operaciones, pese a que cada uno tiene autorizado un presupuesto anual para el funcionamiento de sus instalaciones.
Tras lo anterior, el diputado señaló desde aquel año que las escuelas utilizan las llamadas “cuotas voluntarias”, como un medio para coartar el derecho universal de la educación, lo que resulta violatorio de las leyes.
López Alvarado apuntó que su iniciativa no va en contra de la participación de los padres de familia a cooperar, sólo busca frenarla para cuando se establece como una obligación tendente a limitar el acceso a la educación, además de buscar combatir los fraudes.
En su reforma al artículo 6o. estableció que "quedan prohibidas las donaciones hechas en numerario”, además de incluir sanciones ante actos cometidos por servidores públicos, directivos o profesores que exijan la entrega de donaciones o cuotas voluntarias en los planteles públicos de educación básica.
¿Qué sanciones pueden enfrentar quienes condicionen la impartición de educación?
Dentro de las sanciones destacaron que cuando la cantidad exigida no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta veces a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal y la destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Por otra parte cuando la cantidad de lo exigido indebidamente exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de dos años a doce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal y destitución e inhabilitación de dos años a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Senado reafirma reforma a la Ley General de Educación
Posteriormente en el 2013 el pleno del Senado avaló una reforma a la Ley General de Educación, con el objeto de prohibir y sancionar que se condicione la prestación de servicios educativos por la entrega de cuotas.
En esta reforma avalaron que en ningún caso la prestación de servicios educativos, como la inscripción, la aplicación de exámenes, permanencia y entrega de documentos de los menores en las escuelas públicas estarán condicionados a la recepción de cuotas.
Destaca que las asociaciones de padres de familia participarán en la aplicación de cooperaciones, pero serán de carácter voluntario y no serán contraprestaciones del servicio educativo.
Secretaría de Hacienda deberá otorgar recursos a la escuelas públicas
Nuevamente en 2016 fue enviada una reforma al artículo 6°. De la Ley General de Educación por parte del diputado José Santiago López del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mediante el que se añadió la prohibición de solicitudes expresas del pago de cuotas por concepto de inscripción con el inició de cada ciclo escolar.
En dicha modificación se mantuvo la indicación de que en ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos por el pago de contraprestación alguna.
Así mismo en la legislación se instituyó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá considerar entregar hasta 12 Unidades de Medida y Actualización a las escuelas públicas de las zonas más marginadas del país.
Puebla vigilará el cobro de cuotas excesivas
Cabe recordar que en días recientes el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, declaró que “son incontrolables los comités” acerca de los cobros excesivos para el regreso a clases presenciales, por lo que instruyó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) vigilar las cuotas.
Aseguró que la vigilancia es permanente, inclusive ya hay oficios enviados para que todas las instituciones de educación pública estén enteradas y no pidan cantidades exageradas.
Por su parte el Secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez, señaló que las cuotas de inscripción, el uniforme escolar y las enormes listas de útiles no serán obligatorios para el regreso a clases presenciales en Puebla, teniendo en cuenta que se debe eliminar cualquier obstáculo que impida a los estudiantes asistir.
Sobre las cuotas escolares dijo que no deben ser una imposición y requisito para iniciar el ciclo escolar, ya que posteriormente habrá condiciones para que se realicen las asambleas de padres de familia y sean ellos quienes definan las prioridades de la escuela, los recursos a aportar y el comité que habrá de administrarlos.
Finalmente quienes si algún padre de familia ya pagó una cuota escolar excesiva para el regreso a clases presenciales, puede acudir a la Secretaría de Educación para que la dependencia tome cartas en el asunto, además de que se fijará un teléfono para que los padres descontentos puedan levantar su queja y reciban solución.
