La Secretaría de Movilidad y Transporte será la dependencia que fije las tarifas del arrastre de grúas, así como el traslado y depósito de vehículos a los corralones, debido a que el Congreso local avaló una reforma a la Ley de Administración Pública que tiene como objetivo frenar los abusos de las empresas prestadoras de estos servicios.
Con 27 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones los diputados locales aprobaron reformar el artículo 42 puntualmente en la fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, para que a la Secretaría de Movilidad y Transporte se le doten de varias facultades.
Previo a votarse, los diputados compartieron que la empresa “Unión Antorchista”, que es parte del Movimiento Antorchista, lidera este gremio en Puebla, y en reiteradas ocasiones ha dejado en “indefensión” a los conductores por recaudación excesiva. Explicaron que estas personas llegan a cobrar hasta 30 mil pesos por arrastre, traslado y depósito, cuando el autotransporte federal establece como promedio un cobro máximo de 600 pesos por vehículo.
En su participación en el pleno, la diputada Mónica Lara Chávez dijo que esta modificación era urgente, ya que los poblanos se han visto afectados por prácticas monopólicas. “Se aprovechan y elevan el costo del servicio sin justificación y por necesidad los ciudadanos tienen que pagarlas. Pero ya no más, los poblanos tienen que pagar lo justo y no debemos de acceder a caprichos y presiones por parte de este tipo de organizaciones”, declaró.
Por su parte, la legisladora Tonantzin Fernández, indicó que las irregularidades en este servicio provocaron un encarecimiento del 150 hasta 4 mil 400 por ciento, dependiendo de las dimensiones del vehículo. En suma, el presidente de la Comisión de Transporte, Jonathan Collantes Cabañas compartió que en la zona conurbada de Puebla operan cinco empresas antorchistas que diariamente comenten irregularidades.
Una vez publicado el decreto, la Secretaría gozará de mayores facultades para emitir tarifas y sancionar a quienes no las respeten, sin embargo, el legislador José Juan Espinosa Torres, comentó que dicha modificación puede convertirse en "letra muerta" ya que la dependencia es estatal, y no tendrá jurisdicción en los municipios.
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La iniciativa se avaló el 6 de diciembre por unanimidad en la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la presidenta de dicha comisión, Vianey García Romero, declaró en aquella ocasión que no se podía seguir con injusticias y que el Gobierno del Estado no podía estar al “contentillo” de Antorcha Campesina
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