La Comisión de Derechos Humanos (CDH) en Puebla promovió una acción de inconstitucionalidad para invalidar el cobro del derecho del Derecho de Alumbrado Público (DAP), debido a que transgrede los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria.
El organismo defensor en el estado, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la demanda para impugnar las Leyes de Ingresos 2022 de diversos municipios poblanos expedida mediante decreto publicado en diciembre del último año en el Periódico Oficial del Estado.
A través de un comunicado la CDH indica que promovió el escrito de la acción de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Las contribuciones por alumbrado público previstas en las leyes impugnada, no tiene la naturaleza de “derechos” en realidad se trata de un impuesto que grava directamente el consumo de energía eléctrica cuyo gravamen únicamente corresponde al congreso de la Unión”, se lee en el comunicado.
La Comisión descartó buscar confrontación con instituciones, más bien, precisó que tiene como finalidad consolidar y preservar el Estado de Derecho defendiendo los derechos humanos, para beneficiar a las y los poblanos.
“Esta acción de inconstitucionalidad se encuadra en un contexto de colaboración institucional, previsto nuestra Constitución, con la finalidad de contribuir a que se cuente con un régimen normativo compatible con el parámetro de regularidad constitucional en materia de derechos humanos”.
El cobro del DAP fue autorizado por el Congreso del Estado en 144 leyes de ingresos municipales, con excepción de Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, entre otros municipios, el cual generó conflictos entre autoridades y pobladores como en Ajalpan y Zinacatepec.