Hasta el 2018, Puebla contaba con 586 cámaras de videovigilancia instaladas como parte del sistema para preservar la seguridad, cifra que se encuentra por debajo de lo que reportan estados como México, que tiene 10 mil cámaras, Michoacán con 5 mil 304, Hidalgo con 4 mil 917, y Guanajuato con 2 mil 142.
Así lo expone el informe del ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2018, donde se refiere que ese año no se incrementó el número de dispositivos para mejorar el sistema de videovigilancia, e incluso, se detalla la falta de personal para operar el equipamiento existente.
En el reporte se precisa que de las 586 cámaras con las que cuenta el estado, un total de 281 se ajustan en la norma de características técnicas y de interoperabilidad de los sistemas de videovigilancia.
Del informe correspondiente al 2018, se desprende que a partir de la información recibida en los sistemas de videovigilancia se intervino en 13 mil 600 casos delictivos, poco más de lo que se reportó en el año 2017 con un total de 13 mil 233 intervenciones.
En tanto, resalta que el propio estado reportó la cantidad de personal que opera el sistema de videovigilancia y este es uno de los más bajos a nivel nacional, ya que sólo tres monitoristas están a cargo del esquema por cada turno.
“Es sorprendente que en el último indicador el estado de Sonora haya reportado que 200 cámaras monitorea en promedio una persona, en Puebla 195 cámaras las monitorea en promedio una persona y que chihuahua 178 cámaras monitorea en promedio una persona”, subraya el informe.
El registro del ejercicio del fondo para seguridad, detalla que en el programa de videovigilancia se destinaron 18 millones 164 mil 494 pesos, de los que 15 millones 164 mil 494 pesos fueron aportados por el gobierno federal y 3 millones de pesos por el estatal.
El FASP es un fondo presupuestal a través del cual se transfieren recursos a los estados para dar cumplimiento a las estrategias nacionales en materia de seguridad pública.