Las mujeres presas se enfrentan a varias problemáticas ya que muchas de ellas están en la cárcel por la lealtad hacia los hombres y al ser encarceladas, no cuentan con solvencia económica, no son tomadas en serio por sus defensores y en los centros penitenciarios son abandonadas por sus familias, en suma, muchas de ellas son torturadas. Del 2012 a julio de este año, Puebla ha registrado 312 casos de tortura y esta cifra ubica a la entidad en el segundo lugar nacional por registrar más hechos de este tipo.
El Gobierno de México emitió el “Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas de la Libertad”, el cual reveló que la mayoría de las presas han sufrido algún tipo de violencia, incluyendo la tortura sexual. Esto se ha registrado en las diferentes etapas del proceso, como el arresto y traslado, puesta a disposición ante el Ministerio Público, arraigo, traslado y estancia en centro de reclusión.
En el caso de las denuncias de mujeres víctimas de tortura, el diagnostico indicó que del 2012 a julio de este año Puebla reportó 312 casos de tortura, siendo el segundo estado con más casos. Y los hechos se registraron cuando el Partido Acción Nacional (PAN) gobernaba el territorio.
Mujeres presas de Puebla, Tehuacán y Huejotzingo fueron entrevistadas
El Estado de México fue el que más acumuló casos contabilizando en el mismo periodo 8 mil 611 torturas, le siguió Puebla con 312, luego Hidalgo con 186, Quintana Roo 154 y Baja California con 115. En contraste, los que menos casos registraron fueron Chiapas con 4, Morelos con 5, Sonora con 3 y Nuevo León con 2. No obstante, hay que mencionar que las fiscalías de Baja California Sur, Campeche y Yucatán, no proporcionaron la información necesaria que se solicitó vía transparencia.
Puntualmente en Puebla se hicieron 15 entrevistas en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, 25 en Tehuacán y en el Centro Distrital de Huejotzingo fueron 11 para recabar información acerca de las violencias.
A nivel nacional dentro del periodo comprendido de enero del año 2006 a julio de 2021, las fiscalías analizadas recibieron un total de 10,678 denuncias por el delito de tortura, de las cuales 221 se iniciaron con la agravante de violencia sexual.
Ante estas cifras, el Gobierno de México, aceptó que la tortura sexual es un problema prácticamente invisibilizado, que evidencia fallas estructurales en el sistema de procuración e impartición de justicia, pero, además, en donde impera la corrupción, la inseguridad y la violencia machista.
Por todo lo anterior, sugirieron a las autoridades correspondientes informar a las mujeres sobre sus derechos humanos dentro de los centros penitenciarios y establecer vinculación con organismos de protección de derechos humanos a fin de eliminar las formas de violencia que se pueda ejercer contra ellas.
