/ viernes 5 de agosto de 2022

Denuncia gobierno al dueño del Hotel Azul Talavera por daños a los Lavaderos de Almoloya

Miguel Barbosa formalizó una denuncia contra el empresario Jacobo Martínez Ramos

El gobierno de Miguel Barbosa Huerta formalizó una denuncia contra el empresario y dueño del Hotel Banyan Tree –previamente nombrado Azul Talavera–, Jacobo Martínez Ramos, pues es considerado presunto responsable en el agravio documentado que sufrió la infraestructura de los Lavaderos de Almoloya, que fueron supuestamente objetos de un comodato entregado durante la administración de Rafael Moreno Valle.

Durante la tarde del viernes 5 de agosto, fue divulgado que el propietario de esa exclusiva estancia turística situada en el polígono de San Francisco, fue señalado por los delitos de daño a la propiedad ajena y vulneración de monumentos históricos. Todo esto fue materializado con una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Concretamente, se sabe que, físicamente, el objeto de la controversia es el supuesto túnel que fue instalado por la compañía de Martínez Ramos, esto con el objetivo de crear un acceso directo entre los Lavaderos de Almoloya y el Jardín de las Trinitarias, este último espacio sirvió por años como recinto de bodas y festividades privadas.

Es importante mencionar que en junio pasado, un mes después de que los Lavaderos fueron recuperados por autoridades estatales, el gobernador Barbosa Huerta dio a conocer que la estructura de dicho pasadizo subterráneo era más bien un drenaje y no estaba diseñado para el paso peatonal. Esta condición fue considerada como riesgosa y el lugar fue cerrado nuevamente, pues la estructura podría colapsar en cualquier momento, además de que la instalación eléctrica representaba un riesgo de descarga inminente.

Esta clausura se hizo con apoyo técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), organismo que aceptó participar en un proyecto de reestructuración, según detalló entonces el mandatario poblano.

Por último, es importante recordar que Igor Emilio Ferrer Acuña, director de Bienes Muebles e Inmuebles del gobierno de Puebla, apuntó que todas las alteraciones hechas al inmueble fueron hechas en la opacidad, pues según detalló en conferencia de prensa el pasado 15 de junio, ninguna autoridad tuvo conocimiento de lo sucedido. Por esa razón, consideró que las obras fueron orientadas por intereses económicos.

“Hemos encontrado un deterioro tremendo en estas obras hidráulicas, que en su momento fueron recubiertas [y] fueron disfrazadas como túneles de época para poder sacar un beneficio económico que solamente veían estas empresas que tenían tomados estos espacios”, acusó entonces.



El gobierno de Miguel Barbosa Huerta formalizó una denuncia contra el empresario y dueño del Hotel Banyan Tree –previamente nombrado Azul Talavera–, Jacobo Martínez Ramos, pues es considerado presunto responsable en el agravio documentado que sufrió la infraestructura de los Lavaderos de Almoloya, que fueron supuestamente objetos de un comodato entregado durante la administración de Rafael Moreno Valle.

Durante la tarde del viernes 5 de agosto, fue divulgado que el propietario de esa exclusiva estancia turística situada en el polígono de San Francisco, fue señalado por los delitos de daño a la propiedad ajena y vulneración de monumentos históricos. Todo esto fue materializado con una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Concretamente, se sabe que, físicamente, el objeto de la controversia es el supuesto túnel que fue instalado por la compañía de Martínez Ramos, esto con el objetivo de crear un acceso directo entre los Lavaderos de Almoloya y el Jardín de las Trinitarias, este último espacio sirvió por años como recinto de bodas y festividades privadas.

Es importante mencionar que en junio pasado, un mes después de que los Lavaderos fueron recuperados por autoridades estatales, el gobernador Barbosa Huerta dio a conocer que la estructura de dicho pasadizo subterráneo era más bien un drenaje y no estaba diseñado para el paso peatonal. Esta condición fue considerada como riesgosa y el lugar fue cerrado nuevamente, pues la estructura podría colapsar en cualquier momento, además de que la instalación eléctrica representaba un riesgo de descarga inminente.

Esta clausura se hizo con apoyo técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), organismo que aceptó participar en un proyecto de reestructuración, según detalló entonces el mandatario poblano.

Por último, es importante recordar que Igor Emilio Ferrer Acuña, director de Bienes Muebles e Inmuebles del gobierno de Puebla, apuntó que todas las alteraciones hechas al inmueble fueron hechas en la opacidad, pues según detalló en conferencia de prensa el pasado 15 de junio, ninguna autoridad tuvo conocimiento de lo sucedido. Por esa razón, consideró que las obras fueron orientadas por intereses económicos.

“Hemos encontrado un deterioro tremendo en estas obras hidráulicas, que en su momento fueron recubiertas [y] fueron disfrazadas como túneles de época para poder sacar un beneficio económico que solamente veían estas empresas que tenían tomados estos espacios”, acusó entonces.



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