A dos años de la administración estatal, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Puebla (CNTE), denunciaron que ninguna de sus peticiones ha sido tomada en cuenta y que, ante las denuncias que algunos docentes han realizado por posibles actos de corrupción, comenzaron a recibir llamadas amenazantes.
En rueda de prensa, Jorge Cabrera Cantera, vocero de la CNTE, acusó que el titular de la Secretaría de Educación Pública estatal (SEP), Melitón Lozano Pérez, ha ignorado las peticiones de cientos de maestros, aun cuando fue el mismo presidente de la república quien reconoció la interlocución que tiene la organización, así como su derecho legítimo a darle seguimiento a las demandas pendientes.
“En Puebla llevamos dos años con el gobierno del estado y sobre todo con el secretario de Educación Pública que no ha cumplido ninguna de las demandas que le hemos planteado miles y miles de maestros”, dijo.
En este sentido, agregó que funcionarios de la dependencia han estado intimidando y reprimiendo a quienes acusan sobre posibles actos de corrupción en las asignaciones de plazas, situaciones en las que Lozano Pérez aún no se ha pronunciado al respecto.
“Están aplicando la represión para aquellos que se atreven a hacer las denuncias de probable corrupción”, lamentó.
Ante ello, responsabilizaron a la dependencia de cualquier daño que pudiera ocurrirles, pues hasta el momento ya había habido amenazas a través de llamadas telefónicas o sucesos a fin de evitar que continúen las denuncias por irregularidades.
Tal es el caso del supervisor escolar de telesecundarias estatales, Felipe Sánchez Hernández, quien comunicó haber sido acreedor a un acta administrativa tras haber realizado algunos cambios internos en su zona, no obstante, y para realizar el procedimiento correspondiente, comunicó que fue citado en la comunidad San José Carpintero, Tepeaca, donde fue recibido por policías armados.
“Este evento es una criminalización, ninguno de los compañeros que asistieron como testigos a mi favor iban armados, son maestros y no vemos la razón del por qué fuimos recibidos de esa manera, es un ultraje, fuimos tratados como delincuentes”, enfatizó.
En esta misma línea, Sánchez Hernández comentó que el fin de la corrupción que argumenta el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, no se ha acabado y como muestra de ello son los sucesos y la denuncia que tiene poco más de dos años archivada.
Finalmente exhortaron a Barbosa Huerta y a la secretaría de gobernación a atender sus demandas, mismas que ya han sido entregadas en diversas ocasiones al titular del ejecutivo y a la secretaría de educación federal.
“Le hicimos llegar la denuncia tanto al presidente de la república como al secretario de Educación Pública federal, para que sepan lo que se está viviendo en Puebla. Vamos a demostrar con evidencias la corrupción que se está viviendo en la SEP y que Melitón no es capaz de resolver estos temas”, expresó.
Este medio buscó una postura por parte de la Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla respecto al tema, sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo información.
NIEGA SEP LAS ACUSACIONES
Respecto al tema, la Secretaría de Educación Pública rechazó los señalamientos.
A través de un comunicado oficial resaltó que los procesos administrativos son regulados y supervisados por organismos federales y estatales bajo una convocatoria emitida por la Unidad de Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).
No obstante, ha sido esta misma unidad la que CNTE acusó de arbitraria y violadora de los derechos de los docentes, pues ante los cambios de adscripción de los trabajadores, USICAMM, agregaron, reprimía a los trabajadores.
“Cuando alguien se cambia o alguna otra autoridad mueve a alguien, USICAMM reprime al directivo que se atrevió a mover”, mencionaron.
Por su parte, SEP destacó que los lineamientos de USICAMM no habían sido respetados por miembros de la CNTE y en su lugar erigieron sus propias normas.
“Algunos supervisores (miembros de la CNTE) emitieron sus propios lineamientos para dicho proceso -pasando por alto las normas emitidas por la USICAMM-, los cuales no están sustentados jurídicamente, ni tienen reconocimiento de la Secretaría por ser irregulares”, expresó.
Finalmente, en cuanto a los casos de hostigamiento, la dependencia estatal enfatizó que, en caso de haberlos, debían ser llevados con la autoridad competente, a fin de otorgarles un seguimiento oportuno.
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