Para denunciar cobros excesivos de hasta 223 mil pesos y cortes injustificados por parte de la empresa Agua de Puebla para Todos, integrantes de la Asamblea Social del Agua (ASA) presentaron un escrito en la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla.
Incluso el próximo 4 de febrero presentarán el documento en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en la Cámara de Diputados la propuesta para modificar la Ley General del Agua que desde la federación normará leyes locales como la que en 2014 permitió la privatización del servicio de agua potable en el municipio de Puebla.
Omar Jiménez, abogado de la ASA, mostró el recibo de un usuario que vive en el bulevar Municipio Libre a quien la concesionaria cobró 223 mil pesos, por lo que el pasado 11 de diciembre presentó un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales de Cholula, que está en litigio.
“El motivo de venir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos es para hacerle una atenta invitación de que hay que pronunciarse, acabar con los abusos”, dijo.
BIESTRO BUSCA REFORMAR LEY PARA CONSOLIDAR CRÉDITO FISCAL
Jiménez afirmó que el presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso del Estado, Gabriel Biestro, pretende reformar la Ley del Agua para que Agua de Puebla recurra a los embargos de un crédito fiscal, figura para la que legalmente solo están facultados dependencias gubernamentales que son beneficiarios directamente del cobro de impuestos, por ejemplo, la Tesorería o el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
José Luis García Bello, también abogado y miembro de la Asamblea Social del Agua, aseguró que han ganado alrededor de 500 amparos de usuarios que se han acercado a la agrupación, de tres mil ciudadanos que han presentado recursos de inconformidad por cortes injustificados o cobros excesivos de agua desde el 2014 a la fecha.
“Los que llegan a nosotros es porque se enteraron por un volante, por una nota periodística o algo. Amparos llevamos cerca de 500, aparte está el recurso de inconformidad o derecho de petición, cualquiera de esos dos. Son desde 2014 para acá”, dijo.
Los litigantes cuestionaron a los diputados de Morena en el Congreso del Estado, que en la campaña de 2018 prometieron desprivatizar el servicio de agua potable y hasta la fecha no han legislado para evitar abusos a la económica y al derecho humano al agua y al drenaje.
