El Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que los derechos de la periodista Lydia Cacho fueron vulnerados y violados hace 13 años cuando fue detenida arbitrariamente tras la publicación del libro “Los demonios del Edén”, en el que evidenció una red de explotación sexual infantil en la que estaban involucrados empresarios y autoridades, como Kamel Nacif y el exgobernador priista poblano Mario Marín Torres.
Además de dar publicidad a dicha resolución, el estado mexicano debe realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados por la periodista; procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsable de las violaciones cometidas; y ofrecerle una compensación adecuada, ordenó el Comité.
Además, instruyó “Adoptar medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, garantizando que todos los periodistas y defensores de Derechos Humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión en sus actividades mediante la despenalización de los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas”.
La resolución de este caso, tomada el 31 de julio, fue dada a conocer ayer en una conferencia de prensa que ofrecieron en la Ciudad de México autoridades de dicho Comité e integrantes de la Organización Artículo 19, que fue la que llevó el caso de la también defensora de los Derechos Humanos ante la ONU.
Esta agrupación internacional defensora de la libertad de expresión y del derecho a la información destacó que se trata de la primera resolución favorable de este Comité en un caso sobre agresiones contra una periodista en México.
“El 31 de julio de 2018 el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución contra el estado mexicano, derivado de la petición de revisión del caso que en octubre de 2014 presentó ARTICLE 19, en representación de Lydia Cacho, por las violaciones a los derechos humanos de la periodista. Esta es la primera resolución favorable de este Comité y, por lo tanto, la primera en la que se pronuncia sobre violencia por parte de las autoridades contra una mujer periodista”, se lee en un comunicado de Artículo 19.
En el documento se detalla que el 16 de diciembre de 2005 Lydia fue detenida por un contingente de 10 personas (entre ellas 5 empleados de Kamel Nacif) y fue trasladada a Puebla acompañada de agentes de la policía judicial de Quintana Roo.
“El trayecto a Puebla duró aproximadamente 20 horas. A Lydia no se le permitió ingerir alimentos, no se le suministró el medicamento para tratar bronquitis diagnosticada, se le autorizó ir al baño una sola ocasión y realizar una breve llamada a su pareja; no se le permitió dormir. Fue víctima de tortura psicológica y física, tocamientos e insinuaciones sexuales, amenazas de muerte y violencia verbal y física durante el trayecto y durante su detención en la Procuraduría General de Justicia de Puebla”, se recordó.
