/ miércoles 7 de abril de 2021

Descarta SCJN que gobierno del estado asuma el mando de la policía municipal de Puebla

Fue el pasado 13 de octubre de 2020 cuando el Ayuntamiento de Puebla interpuso tres recursos de reclamación ante la Suprema Corte

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor del municipio de Puebla para que el gobierno del estado que encabeza Miguel Barbosa Huerta no tome el mando de la policía municipal, pues se aseguró que no existen elementos para afirmar que se pondría en peligro el orden y la paz en la capital poblana.

Durante una sesión remota que se llevó a cabo este 7 de abril, se analizó la suspensión en la controversia constitucional promovida por el municipio de Puebla para que el gobernador se abstenga de asumir el mando de la policía municipal hasta que se decida sobre este aspecto en la controversia planteada.

Por ello, con más de cuatro votos a favor y uno en contra del ministro José Fernando franco González Salas se aprobó que el orden de los mandos policiales continúe como hasta ahora, es decir, en manos del Ayuntamiento de Puebla.

A través de un comunicado se informó de esta resolución, en la que se afirmó que la seguridad pública es una función prioritaria del Estado, así como se advirtió que con esto no se pone en peligro la economía nacional o las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano.

En el comunicado se lee:

“Al resolver diversos recursos de reclamación la Sala concluyó que, en el caso la concesión de la suspensión no tiene efectos restitutorios porque los efectos de los actos impugnados no se han consumado, de tal modo que la medida se concedió para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran.

La Segunda Sala consideró que debía concederse la suspensión solicitada al resolver los recursos de reclamación 36/20 20-Z y 37/20 20-Z que están estrechamente vinculados, puesto que derivan de ampliaciones de demanda en la misma controversia constitucional”.

Cabe recordar que fue el pasado 13 de octubre de 2020 cuando El Ayuntamiento de Puebla interpuso tres recursos de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el decreto del gobernador Miguel Barbosa que buscó asumir el control de la seguridad pública municipal.

Estos fueron promovidos por el delegado del municipio de Puebla, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 46/2020 interpuesta por la comuna en marzo pasado del mismo año.

Para el 24 de marzo de 2021, Barbosa Huerta emitió un nuevo decreto en el Periódico Oficial del Estado (POE), en el que señaló que la capital tenía una “alteración grave” al orden público y, por tanto, los cuerpos de seguridad pública del Ayuntamiento deberían de acatar las órdenes del gobernador o las órdenes de quien designara el mandatario para tal efecto.

No obstante, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta explicó que el decreto para asumir la seguridad de la capital solo se renovó, pero el Gobierno del Estado no tomaría la seguridad del municipio de Puebla, ya que no se llegó a una estrategia en común debido a que el gobierno municipal quería mantener el control de los giros negros, de las actividades ilícitas y del comercio ambulante.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor del municipio de Puebla para que el gobierno del estado que encabeza Miguel Barbosa Huerta no tome el mando de la policía municipal, pues se aseguró que no existen elementos para afirmar que se pondría en peligro el orden y la paz en la capital poblana.

Durante una sesión remota que se llevó a cabo este 7 de abril, se analizó la suspensión en la controversia constitucional promovida por el municipio de Puebla para que el gobernador se abstenga de asumir el mando de la policía municipal hasta que se decida sobre este aspecto en la controversia planteada.

Por ello, con más de cuatro votos a favor y uno en contra del ministro José Fernando franco González Salas se aprobó que el orden de los mandos policiales continúe como hasta ahora, es decir, en manos del Ayuntamiento de Puebla.

A través de un comunicado se informó de esta resolución, en la que se afirmó que la seguridad pública es una función prioritaria del Estado, así como se advirtió que con esto no se pone en peligro la economía nacional o las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano.

En el comunicado se lee:

“Al resolver diversos recursos de reclamación la Sala concluyó que, en el caso la concesión de la suspensión no tiene efectos restitutorios porque los efectos de los actos impugnados no se han consumado, de tal modo que la medida se concedió para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran.

La Segunda Sala consideró que debía concederse la suspensión solicitada al resolver los recursos de reclamación 36/20 20-Z y 37/20 20-Z que están estrechamente vinculados, puesto que derivan de ampliaciones de demanda en la misma controversia constitucional”.

Cabe recordar que fue el pasado 13 de octubre de 2020 cuando El Ayuntamiento de Puebla interpuso tres recursos de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el decreto del gobernador Miguel Barbosa que buscó asumir el control de la seguridad pública municipal.

Estos fueron promovidos por el delegado del municipio de Puebla, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 46/2020 interpuesta por la comuna en marzo pasado del mismo año.

Para el 24 de marzo de 2021, Barbosa Huerta emitió un nuevo decreto en el Periódico Oficial del Estado (POE), en el que señaló que la capital tenía una “alteración grave” al orden público y, por tanto, los cuerpos de seguridad pública del Ayuntamiento deberían de acatar las órdenes del gobernador o las órdenes de quien designara el mandatario para tal efecto.

No obstante, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta explicó que el decreto para asumir la seguridad de la capital solo se renovó, pero el Gobierno del Estado no tomaría la seguridad del municipio de Puebla, ya que no se llegó a una estrategia en común debido a que el gobierno municipal quería mantener el control de los giros negros, de las actividades ilícitas y del comercio ambulante.

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