/ viernes 7 de enero de 2022

Desde el Senado piden liberar instalaciones de la UDLAP

La senadora Nancy de la Sierra consideró que esta situación ha generado un sentimiento de despojo y alarma entre la comunidad universitaria.

La senadora Nancy de la Sierra Arámburo presentó un punto de acuerdo para solicitar al Poder Judicial del Estado de Puebla que tome las medidas legales necesarias para liberar las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), que están tomadas desde el 29 de junio del año pasado.

El punto de acuerdo fue incluido en la sesión de la Comisión Permanente de este viernes 7 de enero, en el cual la senadora poblana pide liberar las instalaciones de la universidad privada, con el fin de permitir que los estudiantes, maestros y directivos retomen sus estudios de manera presencial o semipresencial.

La integrante del Grupo Plural de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión sostuvo que alrededor de 10 mil jóvenes en Puebla no han podido continuar con sus estudios, ante la toma del campus por parte de la Policía Estatal.

Refirió que la ocupación es resultado de conflictos legales entre la familia Jenkins, heredera del patrimonio de William O. Jenkins y Guillermo Óscar Jenkins, quien a través de la Fundación Mary Street Jenkins destinó grandes sumas de dinero a obras en favor de Puebla y México. Además, señaló que los abogados de la familia, incluyendo al abogado general de la Udlap, han sido parte del conflicto.

Indicó que después de que Guillermo Jenkins de Landa, nieto de Guillermo Óscar Jenkins, denunció a su madre y hermanos por lavado de dinero, el Poder Judicial de Puebla liberó ordenes de aprehensión a inicios de junio de 2021 contra los familiares y sus abogados por el probable fraude de más de 14 mil millones de pesos, lo cual se suma a las órdenes de captura que ya existían en su contra por el presunto desfalco de más de 700 millones de dólares de la Fundación Jenkins.

Nancy de la Sierra mencionó que el litigio entre los Jenkins ha derivado en una orden judicial para embargar a la universidad, así como para realizar una auditoría legal, fiscal y contable de la administración, cuyos efectos perduran hasta hoy.

Consideró innecesario y desmedido el uso de la fuerza pública, a través de armas de alto calibre, la presencia de policías auxiliares y elementos de seguridad privada al interior de la institución educativa desde hace más de 6 meses, lo cual ha generado un sentimiento de despojo y alarma entre la comunidad universitaria.

Sostuvo que las autoridades estatales deben tomar acciones para que la Udlap reabra sus puertas a la comunidad estudiantil como mandata la Constitución federal. Agregó que varias universidades como la Universidad Iberoamericana, el Tec de Monterrey campus Puebla, Universidad Anáhuac, UPAEP y la Universidad Madero se han solidarizado uniéndose al llamado de liberar las instalaciones.

Cabe mencionar que como parte de las acciones para exigir la devolución del campus se ha convocado a una nueva manifestación el próximo lunes 10 de enero a las 8 de la mañana en la entrada del Colegio José Gaos.

La senadora Nancy de la Sierra Arámburo presentó un punto de acuerdo para solicitar al Poder Judicial del Estado de Puebla que tome las medidas legales necesarias para liberar las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), que están tomadas desde el 29 de junio del año pasado.

El punto de acuerdo fue incluido en la sesión de la Comisión Permanente de este viernes 7 de enero, en el cual la senadora poblana pide liberar las instalaciones de la universidad privada, con el fin de permitir que los estudiantes, maestros y directivos retomen sus estudios de manera presencial o semipresencial.

La integrante del Grupo Plural de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión sostuvo que alrededor de 10 mil jóvenes en Puebla no han podido continuar con sus estudios, ante la toma del campus por parte de la Policía Estatal.

Refirió que la ocupación es resultado de conflictos legales entre la familia Jenkins, heredera del patrimonio de William O. Jenkins y Guillermo Óscar Jenkins, quien a través de la Fundación Mary Street Jenkins destinó grandes sumas de dinero a obras en favor de Puebla y México. Además, señaló que los abogados de la familia, incluyendo al abogado general de la Udlap, han sido parte del conflicto.

Indicó que después de que Guillermo Jenkins de Landa, nieto de Guillermo Óscar Jenkins, denunció a su madre y hermanos por lavado de dinero, el Poder Judicial de Puebla liberó ordenes de aprehensión a inicios de junio de 2021 contra los familiares y sus abogados por el probable fraude de más de 14 mil millones de pesos, lo cual se suma a las órdenes de captura que ya existían en su contra por el presunto desfalco de más de 700 millones de dólares de la Fundación Jenkins.

Nancy de la Sierra mencionó que el litigio entre los Jenkins ha derivado en una orden judicial para embargar a la universidad, así como para realizar una auditoría legal, fiscal y contable de la administración, cuyos efectos perduran hasta hoy.

Consideró innecesario y desmedido el uso de la fuerza pública, a través de armas de alto calibre, la presencia de policías auxiliares y elementos de seguridad privada al interior de la institución educativa desde hace más de 6 meses, lo cual ha generado un sentimiento de despojo y alarma entre la comunidad universitaria.

Sostuvo que las autoridades estatales deben tomar acciones para que la Udlap reabra sus puertas a la comunidad estudiantil como mandata la Constitución federal. Agregó que varias universidades como la Universidad Iberoamericana, el Tec de Monterrey campus Puebla, Universidad Anáhuac, UPAEP y la Universidad Madero se han solidarizado uniéndose al llamado de liberar las instalaciones.

Cabe mencionar que como parte de las acciones para exigir la devolución del campus se ha convocado a una nueva manifestación el próximo lunes 10 de enero a las 8 de la mañana en la entrada del Colegio José Gaos.

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