Sergio Hernández tiene 10 meses sin lograr un finiquito justo, mientras Abigail Fernández, está tratando de resolver la misma situación desde hace casi un mes. El abogado, Ricardo Conde no pierde la esperanza de conseguir las audiencias de sus clientes, su compañero Luis Jiménez tiene más de 80 juicios pendientes de despidos en su despacho. Son las dos realidades que enfrentan desempleados y litigantes fuera de Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA).
Todos viven en incertidumbre y se acrecentó más con los estragos que dejó la parálisis de este organismo. Ahora, con su apertura, hay desorden, falta de información y no se respeta la sana distancia para evitar contagios por coronavirus.
Sergio Hernández relató que en enero hubo recorte en el área educativa del gobierno estatal y fue despedido sin un finiquito justo, y aunque intentó hacer el trámite de su demanda, su estado de salud se lo impidió. Intentar hacer el proceso en línea, fue un fracaso.
“En donde trabajaba despidieron como 60 personas, nos hicieron recorte y me enfermé, entonces, inicialmente ya no pude a ver la liquidación”, dijo al referir que no ha encontrado un empleo.
A unos pasos estaba Abigail Fernández, quien también está tratando de resolver la misma situación. El 11 de septiembre la obligaron a firmar su renuncia en “Zucrétt, pasteles que sorprenden” de San Andrés Cholula.
“Querían que firmara mi renuncia voluntaria, entonces, me dijo mi jefa directa que no me tocaba nada y que me viniera a conciliación. Después me dieron cita con su abogada, también muy grosera, alegó que yo fui la que se salió”, dijo.
Abigail refirió que esta ocasión acudió a formarse para interponer el juicio sola, debido a que ayer su abogado no fue recibido un día antes y este martes, tenía algunos pendientes que atender.
“Hay que ser más humanos, y más conscientes de los empleados, que sean justos y derechos. Nosotros solo buscamos emplearnos para llevar el sustento a la casa”, agregó.
EN RIESGO DE PERDER EL JUICIO
Ricardo Conde, abogado laboral, comentó que la pandemia por Covid-19 incrementó los despidos injustificados y que además del riesgo de perder el juicio, hay escenarios peores, que los negocios cerraron por la crisis, sin dar lo correspondiente al trabajador.
Ante la incertidumbre del pago a los trabajadores, agregó que llevaría hasta 2 años resolver uno de los casos. “Si antes era tardado, ahora quien sabe. Así que va a ser más difícil. Tenemos que hacer la demanda, la audiencia de conciliación hasta que se dicte el laudo. Si antes se tardaba un año, ahora puede ser dos o más años, no lo sabemos”.
El abogado Luis Jiménez, dijo que tiene más de 80 juicios pendientes de despidos en su despacho y que están en riesgo de perder sus derechos, pero que se han sumado el doble de juicios, entre patrones y desempleados, por la crisis económica que ha generado el coronavirus.
“No se han interpuesto las demandas y están perdiendo los derechos a una indemnización, o los derechos que han adquirido por todos los años, es importante que se les dé solución y se agilicen los trámites”.
Rebeca N, dijo que como abogada tiene el compromiso de atender, aunque sea un caso: “por la ética profesional llevamos aquí horas esperando, con el frío y todo lo que implica”.
PIDEN PRÓRROGA PARA INTERPONER JUICIOS LABORES
Integrantes del Colegio de Abogados por el Verdadero Estado de Derecho pidieron a la Secretaría del Trabajo, que preside Abelardo Cuellar, además de la JLCyA, a cargo de Arturo Daza Buendía, ampliar los términos de demandas laborales para recibir juicios, principalmente por despidos injustificados, debido a que por la pandemia de Covid-19 estuvo cerrado este espacio y el plazo venció.
Los litigantes Jorge Sosa, Claudia Cortina, además de Sergio Hernández Meza, refirieron que la reapertura de actividades este 5 de octubre coincide con el día en el que terminaron los plazos de demanda de quienes fueron despedidos al inicio de la contingencia sanitaria por SARS-CoV-2.
Asimismo, acusaron la falta de coordinación en la atención, la carencia de personal y que no fueron atendidos ni el 50 por ciento de las demandas, las cuales sumarian a 35 mil juicios que se encuentran en la “congeladora”.
“Nos limitaron a 20 expedientes por persona. Hemos recurrido a formar a nuestros familiares para que reciban más juicios, cuando tenemos de 90 a más de 100 demandas. Aunado a los juzgados de distrito que entran con cajas con más de mil oficios”, denunció Cortina.
Los abogados condenaron que la falta de personal de la junta, pues están vulnerando los derechos de los trabajadores: “es una pena decirles a los clientes que su proceso ya se perdió”.
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“Nosotros queremos que se amplíen los términos para que se puedan recibir las demandas sin consecuencias por los términos fatales. De lo contrario estaríamos perdiendo los juicios y habría detrimento para la clase trabajadora”, agregó Sosa.
De acuerdo con los abogados, sólo una persona está recibiendo y sellando los documentos. Mientras, el horario de atención es hasta las 2 de la tarde, por lo que en el primer día de apertura decenas de abogados quedaron fuera, pese a que hicieron fila desde las 7 y 8 de la mañana.
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