/ miércoles 28 de diciembre de 2022

Despenalización del aborto, 'Ley Monzón' y otros pendientes del Congreso de Puebla

Dentro de estos pendientes se debe considerar las sanciones a ataques con ácido y la prohibición de la tauromaquía

Sancionar con cárcel los ataques con ácido, analizar la prohibición de la tauromaquia, la denominada Ley Monzón y la despenalización del aborto, son algunos de los pendientes que dejaron los diputados locales del Congreso de Puebla porque el periodo ordinario concluyó el pasado 15 de diciembre y será el próximo 15 de enero del 2023 cuando retomen actividades.

A pesar de que los legisladores locales convocaron a sesión extraordinaria el pasado 20 de diciembre para aprobar las Leyes de Ingresos de los 217 municipios, avalar las reformas a las leyes secundarias al Poder Judicial que presentó el exgobernador Miguel Barbosa Huerta antes de su fallecimiento y prohibir la realización de concursos de belleza en las escuelas de educación básica y media superior en la entidad, dejaron una serie de pendientes que deberán ser analizados el próximo año.

Entre los pendientes, destaca la propuesta para sancionar con cárcel los ataques con ácido en la entidad debido a los recientes casos que se han registrado en la entidad y porque los diputados locales de Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) han presentado cuatro propuestas en dicha materia. La primera de ellas fue ingresada en junio por el diputado local del PRI, Néstor Camarillo Medina, que propuso imponer penas de siete a 13 años de prisión y una multa de 300 a 700 UMAS, equivalente de 28 mil 866 pesos a los 67 mil 354 pesos, para quien lesione a una mujer con cualquier sustantiva corrosiva.

A finales de septiembre, la diputada local de Acción Nacional, Aurora Sierra Rodríguez, presentó una serie de reformas que buscan modificar el artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir la violencia con sustancias químicas como una modalidad de agresión contra las personas del sexo femenino.

Los primeros inicios de octubre la diputada local de Morena, Tonantzin Fernández Díaz, presentó su propuesta con la que busca agregar el artículo 325 sexies al Código Penal del Estado que especifica a quien deje una huella material en el cuerpo de una mujer provocado con un químico o sustancia corrosiva se le impondrán de 20 a 30 años de prisión y una multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) lo que representa de 19 mil 244 pesos a 48 mil 110 pesos.

El último proyecto en dicha materia fue presentado por la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia, que consiste en una reforma al artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado para incluir los ataques con alguna sustancia corrosiva dentro del concepto violencia física.

Otro proyecto que no fue analizado por el pleno es el de la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruíz, para dar luz verde a la Ley Monzón. Tal como su nombre lo indica, las reformas al Código Penal y el Código Civil están inspiradas en el asesinato de la abogada y activista en favor de las mujeres, Cecilia Monzón, que murió el pasado 21 mayo tras un ataque directo que recibió cuando circulaba en su camioneta a la altura del Camino Real.

Las modificaciones al Código Civil incluyen que los derechos de la patria potestad se perderán cuando el titular sea condenado por el delito de feminicidio en contra de la madre de las niñas, niños o adolescentes. En caso de que el padre de los infantes reciba una sentencia condenatoria perderá cualquier derecho sobre el menor.

A la lista se suma el debate de prohibir las corridas de toros y gallos en la entidad por una propuesta que presentó la diputada local del PAN, Guadalupe Leal Rodríguez, bajo el argumento de que maltrata a los animales. En su documento asentó que las personas que realicen espectáculos de este tipo podrían ser pasar de uno a cuatro años de prisión y ser acreedores a una multa de doscientas a cuatrocientas Unidades de Medida y Actualización (UMAS), es decir, desde los 19 mil 244 pesos hasta los 38 mil 488 pesos.

Asimismo, se encuentra la despenalización del aborto, un tema muy polémico y que se encuentra en la congeladora con el discurso de que actualmente se trabaja en la creación de los consensos para que el tema reciba el apoyo de las diferentes bancadas.

Sancionar con cárcel los ataques con ácido, analizar la prohibición de la tauromaquia, la denominada Ley Monzón y la despenalización del aborto, son algunos de los pendientes que dejaron los diputados locales del Congreso de Puebla porque el periodo ordinario concluyó el pasado 15 de diciembre y será el próximo 15 de enero del 2023 cuando retomen actividades.

A pesar de que los legisladores locales convocaron a sesión extraordinaria el pasado 20 de diciembre para aprobar las Leyes de Ingresos de los 217 municipios, avalar las reformas a las leyes secundarias al Poder Judicial que presentó el exgobernador Miguel Barbosa Huerta antes de su fallecimiento y prohibir la realización de concursos de belleza en las escuelas de educación básica y media superior en la entidad, dejaron una serie de pendientes que deberán ser analizados el próximo año.

Entre los pendientes, destaca la propuesta para sancionar con cárcel los ataques con ácido en la entidad debido a los recientes casos que se han registrado en la entidad y porque los diputados locales de Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) han presentado cuatro propuestas en dicha materia. La primera de ellas fue ingresada en junio por el diputado local del PRI, Néstor Camarillo Medina, que propuso imponer penas de siete a 13 años de prisión y una multa de 300 a 700 UMAS, equivalente de 28 mil 866 pesos a los 67 mil 354 pesos, para quien lesione a una mujer con cualquier sustantiva corrosiva.

A finales de septiembre, la diputada local de Acción Nacional, Aurora Sierra Rodríguez, presentó una serie de reformas que buscan modificar el artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir la violencia con sustancias químicas como una modalidad de agresión contra las personas del sexo femenino.

Los primeros inicios de octubre la diputada local de Morena, Tonantzin Fernández Díaz, presentó su propuesta con la que busca agregar el artículo 325 sexies al Código Penal del Estado que especifica a quien deje una huella material en el cuerpo de una mujer provocado con un químico o sustancia corrosiva se le impondrán de 20 a 30 años de prisión y una multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) lo que representa de 19 mil 244 pesos a 48 mil 110 pesos.

El último proyecto en dicha materia fue presentado por la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia, que consiste en una reforma al artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado para incluir los ataques con alguna sustancia corrosiva dentro del concepto violencia física.

Otro proyecto que no fue analizado por el pleno es el de la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruíz, para dar luz verde a la Ley Monzón. Tal como su nombre lo indica, las reformas al Código Penal y el Código Civil están inspiradas en el asesinato de la abogada y activista en favor de las mujeres, Cecilia Monzón, que murió el pasado 21 mayo tras un ataque directo que recibió cuando circulaba en su camioneta a la altura del Camino Real.

Las modificaciones al Código Civil incluyen que los derechos de la patria potestad se perderán cuando el titular sea condenado por el delito de feminicidio en contra de la madre de las niñas, niños o adolescentes. En caso de que el padre de los infantes reciba una sentencia condenatoria perderá cualquier derecho sobre el menor.

A la lista se suma el debate de prohibir las corridas de toros y gallos en la entidad por una propuesta que presentó la diputada local del PAN, Guadalupe Leal Rodríguez, bajo el argumento de que maltrata a los animales. En su documento asentó que las personas que realicen espectáculos de este tipo podrían ser pasar de uno a cuatro años de prisión y ser acreedores a una multa de doscientas a cuatrocientas Unidades de Medida y Actualización (UMAS), es decir, desde los 19 mil 244 pesos hasta los 38 mil 488 pesos.

Asimismo, se encuentra la despenalización del aborto, un tema muy polémico y que se encuentra en la congeladora con el discurso de que actualmente se trabaja en la creación de los consensos para que el tema reciba el apoyo de las diferentes bancadas.

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