La Secretaría de la Función Pública (SFP) integró expedientes de presunta responsabilidad administrativa por un monto de 249 millones 920 mil pesos, relacionados con desvío de recursos, abuso de funciones, encubrimiento y peculado por parte de funcionarios de administraciones anteriores.
Al comparecer este martes ante la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, la secretaria Amanda Gómez Nava informó que durante el 2021 se recibieron mil 272 denuncias por actos u omisiones que podrían vincularse con faltas administrativas cometidas por servidores públicos.
En consecuencia, se abrieron 555 expedientes en los que se investigan los hechos denunciados, radicaron 316 procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales 249 corresponden a faltas administrativas no graves y 67 a faltas administrativas graves; 231 se encuentran en proceso, 59 resueltos y 26 remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.
Del total de procedimientos ya se emitieron 67 resoluciones, en 24 de los casos se impusieron destituciones e inhabilitaciones para desempeñar empleos, cargos o comisiones, 21 suspensiones, una amonestación pública y 21 absolutorias.
DENUNCIAS ANTE LA FISCALÍA
Por otra parte, Gómez Nava informó que la Función Pública presentó 24 denuncias ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en contra de exfuncionarios públicos que en uso de sus funciones cometieron posibles delitos.
Asimismo, explicó que la dependencia realizó seis operativos de supervisión a las secretarías de Turismo, Seguridad Pública, Administración y de Planeación y Finanzas, Museos Puebla, Carreteras de Cuota Puebla y a Convenciones y Parques, para revisar el parque vehicular, bienes inmuebles y el acervo cultural.
En cuanto a las auditorías que realiza la secretaría, la funcionaria aseguró que se auditó la ejecución de 69 mil 977 millones de pesos a diversas dependencias y entidades estatales, mismos que representan el 93 por ciento del gasto programable establecido en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla 2020.
Por otro lado, Gómez fue cuestionada por la diputada Patricia Valencia Ávila respecto a la investigación en el Conalep Puebla por observaciones que rebasan los 35 millones de pesos durante el periodo 2015 e inicios del 2017, por presuntas compras simuladas, adquisición de uniformes de mala calidad y equipo de cómputo que nunca adquirió. En respuesta solo dijo que en diciembre presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.