Después de que al menos dos decenas de elementos de la policía municipal de Acatlán de Osorio fueron detenidos el fin de semana pasado, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, anunció que aunque no todas las capturas no tienen que ver con el asesinato de Héctor García Álvarez, director de Seguridad Pública de esa demarcación, esto dejó en entrevisto una serie de irregularidades que se esconden en el funcionamiento de las fuerzas del orden locales y sus posibles nexos con la delincuencia.
Al enunciarse sobre las aprehensiones de al menos 20 uniformados pertenecientes a la corporación local de Acatlán de Osorio, por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), el pasado fin de semana, el mandatario aclaró que todos fueron traídos a la capital del estado para corroborar que sus licencias de uso de armas de fuego y uniformes siguen vigentes.
Si bien no todos están vinculados a la muerte de García Álvarez, abundó durante la conferencia de prensa de este 2 de mayo, en que otros temas internos están saliendo a flote.
“Fueron traídos para revisión de sus funciones (...) y con esto están resultando muchas más cosas, ¿de acuerdo? no precisamente vinculados al asesinato de el director de seguridad pública, pero es parte de toda una acción de revisión de muchas cosas y bueno esto lo tenemos que hacer en muchos lados”, aseveró.
Aclaró que aunque a todas luces el hecho parezca tratarse de una ejecución, las autoridades ministeriales deben agotar todas las líneas de investigación. Lo anterior, dijo, pues en muchos casos son las mismas autoridades locales quienes solapan actos criminales: “Que todos los municipios lo sepan, donde encontremos cualquier cosa lo vamos a esclarecer, lo vamos a atender y lo vamos a sancionar”.
Sin ofrecer mayores detalles sobre las indagatorias de este particular caso, Barbosa Huerta hizo hincapié en que no se permitirá bajo ninguna circunstancia que haya gobiernos municipales coludidos con delincuentes.
“Les digo yo a los presidentes municipales: nunca nunca permitan que alguien les venga a dar un recado de parte de un delincuente (...). Tienen la obligación de estar erguidos (...), nunca se sienten con delincuentes”, refirió.
A su vez, acusó que son los funcionarios locales los principales responsables de la relación con los supuestos delincuentes, e incluso, muchas veces crean redes de extorsión para el funcionamiento de algunos comercios.
“Nosotros sabemos todo, quiénes solapan los tugurios en cada lugar, ¿quiénes? Pues los municipios (...) y después nadie sabe nada (...). Y no porque sea un tercero el que se encargue de tener contacto con ellos, los alcaldes o alcaldesas [evitan] la responsabilidad, no vamos a permitirlo”, remató el gobernador.
