Los diputados federales de Puebla que integran la coalición “Va por México”, pidieron al Poder Legislativo en Puebla, y de las demás entidades, no retrasar la homologación a la llamada ley “3 de 3 contra la violencia”.
En conferencia con medios de comunicación, los legisladores señalaron que una vez que el Senado apruebe el proyecto de reforma que busca suspender los derechos para ocupar cualquier cargo público a personas agresoras con sentencia firme y aquellas deudoras de pensión alimenticia, los congresos locales tendrán hasta septiembre de este año para abordar el tema.
Señalaron que el plazo establecido es con la intención de que comience su aplicación en el proceso electoral del 2024, donde se renovará la presidencia del país, gubernaturas, presidencias municipales, así como diputaciones federales y locales.
“Nos urge que el Senado de la República, antes de que termine nuestro periodo, puede realizarse y empiece su trámite en los congresos locales. Es muy importante que antes de septiembre haya quedado concluido este proceso por los congresos locales y promulgado por el Ejecutivo federal”, consideró la diputada del PRI, Blanca Alcalá Ruiz.
Agregó que la iniciativa busca “recuperar el ejercicio de la ética en la política y servicio público” al considerar que tendrá efecto al cargo “más modesto” y al “más importante del país”.
La diputada por el PAN, Ana Teresa Aranda, añadió que, posterior a la entrada en vigor, también se debe de trabajar en la capacitación del personal que trabaja en espacios de impartición de justicia, así como mejorar el presupuesto económico en la materia.
“Luego viene el presupuesto de noviembre, ojalá exista esta misma disposición que encontramos en los grupos parlamentarios para que, sobre todo Morena, PT y PVEM, le pongan recursos para que pueda caminar esta ley en favor de las mujeres y tengan una mejor atención cuando se denuncia”, declaró.
Finalmente, el panista Mario Riestra Piña reconoció que es una reforma drástica, severa y extraordinaria que busca mandar un mensaje sobre que no se va a “solapar más a agresores y violentarores”.
Es importante recordar que en el Congreso local también se presentó esta reforma para evitar que los deudores alimentarios sean candidatos a un cargo público en las elecciones de 2024.
En el evento también estuvieron presentes las legisladores panistas Carolina Beauregard y Genoveva Huerta Villegas, quienes se sumaron al pronunciamiento a favor de esta ley.
