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El diputado local del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, presentó de manera formal una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la sentencia que lo señaló de ejercer violencia política en razón de género hacia Érika de la Vega.
De acuerdo con la plataforma digital del máximo tribunal, el recurso quedó registrado ante la Sala Superior como SUP-REC-90/2023 y será analizado por el magistrada José Luis Vargas Valdez.
El también aspirante a la alcaldía de Puebla para la jornada electoral del 2024, busca controvertir la resolución de la Sala Regional Ciudad de México, que a su vez revocó un acuerdo del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que lo había exonerado de agresiones relacionadas con hostigamiento y acoso sexual cometidas en contra de la excandidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula.
“Sentencia dictada en el expediente SCM-JDC-374/2022 que revocó la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla en el asunto especial TEEP-AE-113/2022, relacionado con actos de violencia política por razón de género contra integrantes del Instituto Electoral Local”, es el acto reclamado.
En caso de que los magistrados mantengan la sentencia, el panista podría ser inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE, lo que impediría su participación en las elecciones 2024.
Hay que recordar que el 30 de marzo, la Sala Regional del Tepjf determinó que Alcántara Montiel incurrió en violencia política de género contra la también panista Erika de la Vega Gutiérrez, a quien hostigó sexualmente y amenazó a cambio de otorgarle una candidatura en 2021.
De acuerdo con los magistrados, los actos cometidos por el diputado local tuvieron por objeto anular o restringir el ejercicio de los derechos político-electorales de la agraviada.
Unos días después de la sentencia, el panista comentó que presentaría un recurso legal para dejar sin efecto la sentencia, toda vez que, según su opinión, la resolución se baso únicamente en dicho de la denunciante y no exisitieron pruebas.
En el caso también está involucrada la diputada federal Genoveva Huerta Villegas, toda vez que la denunciante también la señaló de cometer violencia política de género, pero el Pleno de la Sala Regional concluyó que no incurrió en dichos actos, pero sí fue omisa ante los hechos.
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