El diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, y organizaciones sociales acusaron que los 14 detenidos de Amozoc son presos políticos del actual gobierno estatal, por lo cual llevarán el caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Luego de la detención de personas que presuntamente participaron el 23 de enero en una protesta violenta contra el presidente municipal de Amozoc, Mario de la Rosa, el legislador aseguró que en esa manifestación infiltrados fueron los que rompieron ventanas e incendiaron dos vehículos. Después la Secretaría de Gobernación entabló diálogo con los pobladores, quienes el 23 de junio fueron aprehendidos, violando el acuerdo que se tenía.
“Es una señal clara del gobernador que quiere someter mediante la ejecución de órdenes de aprehensión y la represión a los opositores políticos, no queremos que se repita la historia que vivimos con Rafael Moreno Valle cuando se encarcelaron a cientos de personas solamente por reclamar y protestar”, dijo Carvajal, en conferencia en el zócalo de Puebla.
Anunció que el 29 de junio presentará un exhorto en la Cámara de Diputados dirigido a la CNDH, la Secretaría de Gobernación federal y al gobierno estatal para que intervengan en la liberación inmediata de los presos políticos que se encuentran en el penal de San Miguel.
Alejandro Carvajal también pedirá al dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, a que exhorte al gobierno de Puebla a evitar la criminalización de la protesta social y persecución política, y sea congruente con los lineamientos de la Cuarta Transformación.
Además del diputado federal de Morena, integrantes del Movimiento Nacional Ruta 5, Barzón Poblano, Observatorio Ciudadano laboral, 8 de abril, Coalición Nacional constitucionalista de trabajadores y campesinos, exigieron la liberación inmediata de los 14 pobladores de Amozoc, acusados de motín, daño en propiedad ajena y agresión.
Entre los detenidos se encuentran dos mujeres y el dirigente del movimiento Amozoc Seguro, Eloy Méndez Becerra, los tres mayores de 60 años de edad y reconocidos en su región por defender el agua y el derecho humano al trabajo a favor de artesanos y comerciantes informales. El 23 de enero se manifestaron en contra de la inseguridad, exigieron una auditoría al gobierno municipal y la renuncia de Mario de la Rosa.